Sobre Facturación Electrónica, FACE y el Plan de Modernización de la Diputación provincial de Alicante

factura​El área de Modernización y Asistencia a Municipios colaborará con los ayuntamientos de la provincia de menos de mil habitantes en la realización de sus inventarios de bienes y derechos. Este plan de gestión está incluido dentro de los servicios que ofrece el ‘Plan Moderniza 7.0’ de la Diputación de Alicante y persigue, entre sus objetivos, la implantación de un sistema de administración patrimonial que coordine e integre el inventario de bienes actualizado y el inmovilizado contable de todas las localidades que se adhieran al mismo.
Existen consistorios que no disponen de los recursos necesarios para poder gestionar su patrimonio, realizar sus inventarios de bienes o, por ejemplo, actualizar la propiedad de un camino. Por ello, desde la institución provincial vamos a invertir 114.400 euros para realizar estos inventarios a los municipios de menor población. Además, estamos trabajando para, en breve, ampliar este servicio y ayudar también a las localidades que tienen entre 1.000 y 20.000 habitantes, ha explicado el diputado del área Adrián Ballester.
Los ayuntamientos que deseen acogerse a esta iniciativa tienen de plazo hasta el próximo viernes 28 de noviembre y entre los requisitos que deben cumplir se encuentra la necesidad de estar adherido al Plan Moderniza. Para la concesión de estas subvenciones se valorará especialmente el número de habitantes de cada municipio, primando a los más pequeños, así como que en los últimos cinco años hayan aprobado o rectificado su inventario de bienes y derechos.
Jornada factura electrónica
Por otra parte, Ballester ha participado esta mañana en una jornada de trabajo organizada por la Subdelegación del Gobierno en Alicante para informar a los técnicos de los ayuntamientos de la provincia sobre la ley 25/2013 que obliga a los consistorios a disponer de un punto general de entrada de facturas electrónicas a partir del 15 de enero de 2015.
Durante su intervención, el diputado ha explicado las actuaciones que desde la institución provincial se están llevando a cabo en esta materia. En este sentido, la Diputación de Alicantevinculará la administración electrónica -Plan Moderniza- al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE) que el Gobierno ha habilitado para este fin. De este modo, las facturas que entren a través de este sistema de la Administración General del Estado se incorporarán automáticamente a la plataforma de Administración Electrónica, a través de la sede electrónica de los municipios adheridos al Plan Moderniza.
La reunión, a la que han asistido más de cien personas entre alcaldes, concejales y técnicos de la provincia, ha tenido lugar en el MARQ y ha contado también con la presencia del subdelegado del Gobierno en Alicante Alberto Martínez.

Manifiesto por la vida

Me sumo al MANIFIESTO POR LA VIDA de #AfiliadosPPxLaVida

MANIFIESTO POR LA VIDA

Dicen que para ejercer con plena consciencia la libertad esta debe ir acompañada de otro concepto inseparable: la responsabilidad. Pero ni siquiera la libertad puede ejercitarse en su totalidad si primero no se disfruta con plenitud el primero de los derechos de todo ser humano: el derecho a la vida.

El derecho a la vida, una de las cuestiones fundamentales de los principios de la justicia social. Una sociedad moderna, que dice buscar, mantener y mejorar el llamado Estado del Bienestar no puede mirar hacia otro lado cuando la primera de sus aspiraciones, la de la propia vida, se ve sometida.

Por eso no se puede justificar la propia libertad personal con el derecho a la vida; porque la libertad personal termina donde comienza la libertad de otro ser humano. El derecho a la vida es un derecho universal. El primero de los derechos puesto que sin ese no hay derechos. Así nos lo han explicado durante siglos, así se concibe nuestra existencia y coexistencia. Cuando hay que explicar porqué es importante defender esta, estamos empezando a dar los primeros pasos hacia su justificación y posterior eliminación.

El Partido Popular, en su definición ideológica, indica que “se compromete con una clara vocación europeísta inspirada en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidentalDefiende la dignidad del ser humano y los derechos y libertades que le son inherentes. El Partido Popular quiere distinguir su actuación general por un compromiso renovado con el derecho a la vida”. Cuando la intención no se traduce en fundamento de aplicación no deja de ser un mero juego de artificios retóricos.

Así mismo, el programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales celebradas en noviembre de 2011, indicaba que «la maternidad debe estar protegida y apoyada, promoveremos una ley de protección de la maternidad, con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad, impulsaremos redes de apoyo a la maternidad, cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección sobre el derecho a la vida, así como de las menores».

El Partido Popular no puede y no debe abandonar uno de sus principales puntos ideológicos que desgranan y sostienen otros muchos. Si un proyecto político renuncia a sus principios así como en las propuestas en las que los ciudadanos confiaron comete un fraude contra sus militantes y contra sus votantes. Porque la traición nunca ha entendido de palabras. Solo se siente cómoda en los hechos.

Por eso, solicito que el Gobierno de España defienda la vida, promocione los derechos y libertades constitucionales y civiles sobre los que asienta la dignidad de la mujer embarazada y la protección institucional de las gestantes. Sin componendas electorales, sin artificios retóricos. La política de la nada, los principios nihilistas son la base que destruirá toda civilización conocida. Empezando por la propia vida.

Mas transparencia, menos corrupción

Artículo publicado en el diario ABC en su edición de Alicante el 28/05/2012:

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba hace una semana el anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, después de hacer un proceso de participación ciudadana donde a través de un espacio web, ochenta mil ciudadanos han enriquecido el texto aportando tres mil setecientas observaciones a la legislación propuesta.

Ésta era una legislación absolutamente urgente y necesaria en nuestro país. De este modo, vamos a hacer un importante avance en tener gobiernos transparentes como ya existe en las instituciones europeas y algunos países de la Unión.

En cuanto la ley sea aprobada en el Congreso, los ciudadanos tendrán un portal web único con la información de todas las administraciones españolas. En ella, aparecerá información institucional de los responsables públicos de cada organización, el organigrama, las retribuciones económicas, currículo y datos de contacto. Así mismo, tendrán que aparecer todos los contratos públicos, tanto aquellos que se han licitado o los que son contratos menores (menos de dieciocho mil euros), con el adjudicatario, el importe del contrato, y el objeto del mismo.

Aquellos convenios con entidades que tengan una aportación económica, también serán públicos, con el objetivo de, si no se cumple con la concurrencia debida al resto de entidades con el mismo fin, y son subvenciones encubiertas para no cumplir con la Ley General de Subvenciones. Precisamente, las subvenciones con los beneficiarios, la cantidad subvencionada y el objeto de la subvención también será pública.

Parte de esta información ha sido pública en los últimos años a través de la publicación en los diferentes boletines oficiales, tanto de las provincias, comunidades autónomas y el Estado. Pero precisamente, ahora, estarán todos los datos de cualquier administración en un único portal web estatal. De esta forma los datos públicos se facilitarán en formatos que puedan ser claramente utilizables para su interpretación.

Quien no cumpla la ley, tendrá consecuencias leves, graves y muy graves, que llevan acarreada desde la destitución hasta la inhabilitación para cargo público. Por otra, en esta legislación se añade como infracciones todas las del ámbito económico, como las famosas facturas en los cajones, mal en los últimos años de la administración en general.

Si hay una absoluta transparencia en la gestión pública de cada céntimo de euro de un cargo público y de un alto funcionario, los ciudadanos y periodistas, pueden convertirse en un fiscalizador más, como es el caso de los interventores en las administraciones. De esta forma, la tentación a tener prácticas corruptas en el entorno público resulta mas difícil, al estar la gestión de cualquier persona que se dedique a la cosa pública a la exposición ciudadana.

Precisamente, la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, en su discurso de investidura apostaba por administraciones transparentes. Por ello, pronto la Diputación tendrá un nuevo portal web donde se ofrecerá la información pública de la gestión diaria, tal como establece la futura ley.