Artículo publicado en el diario ABC en su edición de Alicante el 28/05/2012:
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba hace una semana el anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, después de hacer un proceso de participación ciudadana donde a través de un espacio web, ochenta mil ciudadanos han enriquecido el texto aportando tres mil setecientas observaciones a la legislación propuesta.
Ésta era una legislación absolutamente urgente y necesaria en nuestro país. De este modo, vamos a hacer un importante avance en tener gobiernos transparentes como ya existe en las instituciones europeas y algunos países de la Unión.
En cuanto la ley sea aprobada en el Congreso, los ciudadanos tendrán un portal web único con la información de todas las administraciones españolas. En ella, aparecerá información institucional de los responsables públicos de cada organización, el organigrama, las retribuciones económicas, currículo y datos de contacto. Así mismo, tendrán que aparecer todos los contratos públicos, tanto aquellos que se han licitado o los que son contratos menores (menos de dieciocho mil euros), con el adjudicatario, el importe del contrato, y el objeto del mismo.
Aquellos convenios con entidades que tengan una aportación económica, también serán públicos, con el objetivo de, si no se cumple con la concurrencia debida al resto de entidades con el mismo fin, y son subvenciones encubiertas para no cumplir con la Ley General de Subvenciones. Precisamente, las subvenciones con los beneficiarios, la cantidad subvencionada y el objeto de la subvención también será pública.
Parte de esta información ha sido pública en los últimos años a través de la publicación en los diferentes boletines oficiales, tanto de las provincias, comunidades autónomas y el Estado. Pero precisamente, ahora, estarán todos los datos de cualquier administración en un único portal web estatal. De esta forma los datos públicos se facilitarán en formatos que puedan ser claramente utilizables para su interpretación.
Quien no cumpla la ley, tendrá consecuencias leves, graves y muy graves, que llevan acarreada desde la destitución hasta la inhabilitación para cargo público. Por otra, en esta legislación se añade como infracciones todas las del ámbito económico, como las famosas facturas en los cajones, mal en los últimos años de la administración en general.
Si hay una absoluta transparencia en la gestión pública de cada céntimo de euro de un cargo público y de un alto funcionario, los ciudadanos y periodistas, pueden convertirse en un fiscalizador más, como es el caso de los interventores en las administraciones. De esta forma, la tentación a tener prácticas corruptas en el entorno público resulta mas difícil, al estar la gestión de cualquier persona que se dedique a la cosa pública a la exposición ciudadana.
Precisamente, la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, en su discurso de investidura apostaba por administraciones transparentes. Por ello, pronto la Diputación tendrá un nuevo portal web donde se ofrecerá la información pública de la gestión diaria, tal como establece la futura ley.
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