El pasado día 30 de noviembre, Antoni Such, actual miembro de la Mesa de Les Corts, que fue presidente del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) así como otros expresidentes como Joan Navarro, Vicent Sarrià, Miquel Ruiz, Vicente Inglada, Josep Lanuza, Joaquín Sansano y Carles Esteve, publicaban un artículo de opinión en el diario El País, edición Comunidad Valenciana sobre cómo queda el CJCV cuando se apruebe la Ley de Juventud de la Comunitat Valenciana en Les Corts.
A continuación voy a matizar algunos frases que aparecen en este artículo de opinión y cuya letra pongo en cursiva:
- El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) es el máximo órgano nacional de representación de las organizaciones juveniles valencianas.
El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana ha sido y seguirá siendo el máximo órgano de representación de las organizaciones juveniles valencianas. En ningún caso tiene un caracter nacional ni lo ha tenido porque su territorio es el autonómico, es decir, la Comunidad Valenciana.
- El CJCV … amenaza su continuidad como organismo autónomo.
El CJCV nunca ha tenido la calificación jurídica de organismo autónomo. Sí que ha funcionado de forma autónoma.
- La Generalitat se ha atrevido a plantear un controvertido cambio de estatus jurídico con el que el Consell pasaría de ser una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines a ser una corporación pública sectorial de base privada.
La Generalitat lo que ha hecho es adaptar la forma jurídica del CJCV a lo que realmente es y ha sido, y no a la calificación jurídica que ponía en su creación. El la Ley, también indica que «sujetará su actividad a las normas de derecho público cuando ejerza potestades administrativas atribuidas por el ordenamiento jurídico».
- Pretende que la aprobación de los presupuestos esté supeditada a un informe previo y vinculante de la Generalitat Jove (nueva denominación del Ivaj).
Eso es una falsedad.
- Una trampa con la que el Consell se convertirá en una entidad sometida a la arbitrariedad del director general de turno.
Precisamente, y al contrario de otras Comunidades Autónomas, lo que hace esta ley es garantizar la independencia del Consejo de la Juventud.
- Ni habla del desarrollo y de la financiación de las políticas públicas contra la desigualdad; ni plasma la necesidad de la financiación necesaria para realizar planes de juventud.
La ley tiene un desarrollo de las áreas principales a incidir en el Plan de Juventud. Con el Plan de Juventud se desarrollan todas las políticas de juventud y su financiación con los Presupuestos de la Generalitat, que es otra ley.
- Ni establece los niveles competenciales de cada una de las Administraciones a la hora del diseño y la evaluación de las políticas públicas de juventud
Sobre los niveles competenciales, las políticas de juventud están cedidas a la autonomía a través del Estatut; no obstante, todas las administraciones realizan políticas de juventud.
- Ni plantea soluciones al problema del empleo o la vivienda
La solución a la problemática en materia de empleo o vivienda no se soluciona con una ley, si no con reformas de leyes y planes concretos. Rebaja de impuestos, eliminación de burocracia a la hora de crear empresas, bonificaciones en seguridad social, son algunas de cuestiones fundamentales en materia de empleo, y en vivienda, los planes de vivienda que cofinancia el Estado y que nos han recortado 160 millones de euros a la Comunidad Valenciana.
- Ni establece el reconocimiento de los perfiles profesionales en el ámbito de la juventud
Con el desarrollo reglamentario de los artículos 35 y 36, sobre la Red de Información Juvenil de la Comunitat Valenciana y las Escuelas de Animación Juvenil, respectivamente, hablaremos de esto.
- … ante los intentos de desarmar el movimiento asociativo juvenil, de silenciar sus órganos de representación y de impedir que, legítimamente, puedan manifestar su opinión contraria a la aprobación de la ley. En definitiva, tenemos que manifestarnos en contra de cualquier intento de contravenir «las condiciones para la participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural» (artículo 48 de la Constitución Española).
Esto es otra falsedad.
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