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El Ayuntamiento de Redován obtiene remanente positivo de tesorería después de siete años

En la presentación de la liquidación del presupuesto del año 2013 del Ayuntamiento de Redován

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Redován (14/02/2014).- Redován ha salido de “recesión económica” en la que se encontraba tras la última legislatura del PSOE que dejó al municipio en quiebra técnica y en la “lista negra” de ayuntamientos a los que el Ministerio de Hacienda tenía previsto intervenir si su situación financiera no mejoraba. Este es el balance que han querido hacer hoy el alcalde de la localidad, Emilio Fernández, y el responsable del área de Hacienda, Adrián Ballester. Ambos han dejado claro que la ciudad ha recuperado la estabilidad económica tras los esfuerzos realizados por los ciudadanos en los últimos dos años.“Los números no engañan, son objetivos”, ha explicado Ballester al tiempo que ha mostrado una gráfica en la que puede verse que la localidad ha abandonado los números rojos desde que el equipo de gobierno popular entrara al gobierno en 2011. El edil de Hacienda ha dado a conocer que una vez liquidado el ejercicio de 2013, las arcas municipales han acabado con un saldo positivo de 1,2 millones de euros, de los que 256.000 euros pertenecen al Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno estatal y un millón de euros a ahorro del Ayuntamiento.

Entre ese ahorro destaca el capítulo de personal donde mientras en la pasada legislatura el PSOE llegó a gastar hasta 2,1 millones de euros, en la actualidad Redován es el tercer ayuntamiento de la comarca que menos gasta por habitante en esta materia con 1,4 millones de euros el pasado año.

El primer edil de Redován ha destacado que el municipio cumple ahora con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con la Ley de Pago a Proveedores a los que el Ayuntamiento les paga en el plazo de 30 días que marca esta norma y no en dos años como ocurría en el último mandato socialista. “Hemos escapado de la situación tan negativa que teníamos, cerraremos nuestro mandato en positivo y sin deudas”, ha asegurado Fernández.

 

Las políticas de Rajoy

Artículo publicado en el diario ABC edición de Alicante, el 20/02/2012:

Hace años que la crisis se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de parte, si no toda, la sociedad. Crisis, recortes, gasto, ahorro, deuda y prima de riesgo, se han convertido en los tags mas mencionados.

Después de idas y venidas de políticas sin planificación y objetivos claros, el Gobierno de Rajoy ha hecho un cambio de rumbo con acciones de gobierno claras. Aquí cito algunas de ellas.

Control del déficit público: La administración pública no puede gastarse mas de lo que ingresa. La ley de estabilidad presupuestaria es una buena herramienta, estableciendo controles independientes en la fiscalización de la elaboración de los presupuestos y en la responsabilidad de políticos que se endeudan mas de lo que pueden.

Reforma de la administración pública: España ha experimentado cambios en la Administración desde la entrada en la Unión Europea. Desde el año 86 se ha hecho una descentralización de competencias en las Comunidades. Esa delegación de políticas no ha ido paralela de la reducción de los procedimientos administrativos; todo lo contrario. Actualmente, una persona, dependiendo de donde viva, puede encontrarse que un trámite lo tenga que hacer de forma diferente. Y no solo eso, que puede que tenga que pagar diferentes tipos impositivos en los tributos. En cambio la UE plantea realizar una convergencia fiscal europea. Por tanto, hace falta reordenar la tributación, simplificar al máximo los procesos administrativos, eliminar los no necesarios y agilizar los trámites que mayor beneficio tienen sobre nuestra maltrecha economía.

Transparencia y responsabilidad en la gestión pública: El dinero público de todos debe ser tratado con la máxima responsabilidad. La gestión pública debe ser eso, pública. Ofrecer datos e información en los procesos de contratación, de la gestión diaria, de saber en qué se gasta y por qué. Son principios de transparencia que ayudarían a que se pudiera palpar por cualquier persona si la gestión que se está realizando es acorde a la que debe realizar. En definitiva, dejar que el ciudadano se convierta en un interventor de la actividad pública, con responsabilidad y sin demagogia.

La política centrada en la persona: tener a la persona como centro de la acción política es fundamental, así como, mantener esa referencia para orientar la salida de la situación en la que vivimos y las medidas necesarias para ello, pensando antes hacia donde queremos ir y cómo queremos que quede la sociedad en términos políticos, económicos y sociales. La crisis en su conjunto, sólo se superará con un cambio profundo de actitudes y aptitudes de carácter personal, familiar e institucional.

Sentido común: Hemos hecho cosas que si aparentemente eran normales, no lo eran, y que si no lo eran, hemos intentado justificar de que sí. El relativismo intenta precisamente eso, justificar lo injustificable. El sentido común debe empapar a todas las áreas de la gestión pública y comprobar las acciones públicas que se efectúan, si hacen falta o no, y si son necesarias, pueden costar menos.

Los principios aquí mencionados son los que marcan el estilo de la acción pública del nuevo Gobierno. Ideas claras con el objetivo de que la economía española tenga un punto de inflexión y comencemos a crecer.

El Gobierno de ZP se olvida de los ingenieros de teleco

Hace ya 8 años que se puso en marcha los proyectos de telecomunicaciones en nuevas edificaciones para garantizar que se cumpliese en las viviendas el acceso a la red de radiodifusión, telefonía y otros servicios de telecomunicaciones.

Ahora, ZP, se ha sacado de la chistera la supresión de los visados de este tipo de proyecto. A continuación reproduzco comunicado del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación:

COMUNICADO DE LAS JUNTAS DEL COITT Y LA AEITT

Estimados compañeros,

Llevamos varios meses buscando alternativas a la debacle que ha organizado el Ministerio de Economía en relación con la supresión de la obligatoriedad del visado de ICT, proyecto que facilita que llegue la sociedad de la información a los hogares, comercios y oficinas de los ciudadanos y que asegura los niveles adecuados de calidad y seguridad de las infraestructuras necesarias por ley para las telecomunicaciones en la edificación.

Una “mano negra”, parece ser que próxima a ese Ministerio, arrancó ,sin la más mínima razón técnica ni explicación alguna, dicho proyecto de las excepciones que han permanecido con visado obligatorio, básicamente del ámbito de la edificación, la cual ahora se queda “coja” al olvidar el proyecto de ICT del ingeniero y dejar solo el del arquitecto. Hace un mes se recibió a unos representantes del COITT para negociar o al menos explicar lo sucedido y tan sólo se recibió la callada por respuesta. Cuando, ante tal desaguisado, se ha pedido reunión con la Ministra esta misma semana, se nos ha contestado que no nos iba a recibir.

Así, también el Gobierno olvida que con esta medida sobre las ICT se va a empeorar la competitividad y la transparencia: las opciones que ofrecen como alternativa son que desaparezca el visado (con ello se elimina toda la seguridad para los ciudadanos) o que lo emprendan otras entidades independientes (encarecimiento abismal del visado). Asimismo, la falta de transparencia que va a experimentar el usuario de proyectos será absoluta cuando ignore quién lo firma, cuál es su capacidad, responsabilidad civil, cumplimiento del “checking list” que ofrecía el visado como valor añadido, etc. Finalmente, para los ingenieros proyectistas los problemas se irán acumulando en cuanto a la intrusión y a la indefensión por falta de seguridad y de un Colegio Profesional que les respalde. Otro tanto va a ocurrir con los procesos administrativos futuros del Ministerio de Industria, donde se van a encontrar absolutamente desbordados por los procesos que va a implicar la desaparición de los Colegios Profesionales para la gestión de los proyectos de ICT: ellos mismos han reconocido y denunciado la insuficiencia de recursos humanos y materiales para acometer lo que hoy realizan los Colegios desde los visados con absoluta rapidez, eficacia y competitividad.

Se adjunta la noticia publicada en la prensa de hoy, donde se informa de la plataforma que se pone en marcha para defensa del visado obligatorio para las ICT.

Junta de Gobierno del COITT

Ya van dos

Artículo publicado en el diario ABC Comunidad Valenciana el 10/01/2010:


AYER, resultaba muy curioso comprobar a través de la red social Twitter, que a mi juicio es la que mayor rapidez de difusión posee, la extraordinaria movilización de usuarios de Internet y blogueros contra la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual que contiene la Ley de Economía Sostenible. Ley, que por cierto, había sido anunciada desde hace meses como la panacea universal de nuestra economía y que finalmente ha pasado sin pena ni gloria a un segundo plano por el debate público de cierre de páginas webs que la norma incluye.
Como si se tratase de una novela, el viernes pasado conocíamos una nueva novedad sobre esta Comisión, y es que la Audiencia Nacional podrá cerrar una web en 4 días previa petición de dicha Comisión.
Y lo malo es que no es la primera vez que se regula en contra de los usuarios de Internet. La pasada legislatura ya vivimos el episodio del canon digital, un impuesto que se le añade al precio cualquier dispositivo que reproduzca música y pueda almacenar datos, que pagan los ciudadanos, empresas y administración pública, y que recaudan varias entidades como la SGAE. Por lo tanto, a usted, descargue o no ilegalmente por Internet, se le supone que sí lo hace, y tiene que pagar esa tasa.
El presidente Rodríguez Zapatero está cayendo en el error de legislar contra del sentido común y de utilizar un pilar de la democracia como es la Justicia a favor de unos pocos. Con esto, no estoy defendiendo las descargas ilegales, pero no parece lógico que el cierre de una web sea más rápido que otras medidas preventivas necesarias en delitos de una mayor gravedad.

Correo electrónico a Zapatero diciéndole mi opinión sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible

He recuperado la sección que desde hace un año y medio tenía abandonado en el blog. Es sobre los correos electrónicos que se le pueden enviar al Presidente del Gobierno de España a través de este link.

A continuación reproduzco el correo electrónico:

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Estimado Jose Luis Rodriguez Zapatero,

Ya que nos había anunciado con tanto ímpetu la ley de Economía Sostenible, me he leído en la web que han habilitado el contenido del anteproyecto de ley. A continuación le expongo las cosas que veo buenas y malas, por si sirve de algo:

COSAS BUENAS

  • Me gusta la protección de los consumidores ante los créditos, sobre todo, la regulación sobre las entidades que dan créditos y luego cobran intereses desorbitados.
  • Por fin se podrán crear sociedades mercantiles de una forma rápida, en solo 5 días. Ahora falta que el registro mercantil central, los notarios, los registros mercantiles provinciales y la AEAT dispongan del suficiente personal para poder esa labor en estos días y dispongan de los medios telemáticos que dice la ley.
  • Se bajan los impuestos en creación de empresas.
  • Ampliación del “silencio positivo” en las administraciones públicas.
  • Mayor agilidad a la hora de otorgar los Ayuntamientos las licencias de apertura.
  • Sobre la morosidad en el ámbito público y privado: la intención es buena, pero ponerlo en marcha va a ser una misión difícil de ejecutar. La disminución del gasto en general y el aumento de financiación de las administraciones irán paralelas al cumplimiento de estos artículos.
  • Implantación de 1Mbit en toda la red pública de comunicaciones de Internet. Se dice en la red pública, no en la privada, como es el caso de la infraestructura desplegada por los operadores móviles que son de su propiedad, y todavía quedan partes del país sin la suficiente cobertura móvil.
  • Reducción del 18% de las tasas de la Oficina Española y Patentes y Marcas.
  • De nuevo se recuperan los incentivos fiscales que se eliminaron en la última Ley del Impuesto de Sociedades que hizo el gobierno del Partido Popular.
  • Se mejora la Formación Profesional. Será necesario que el Gobierno amplíe sus consignas presupuestarias en esta materia para las Comunidades Autónomas (CCAA), porque no se puede continuar con la política actual de legislar para que hagan las CCAA sin poner más financiación para ejecutar esos programas.
  • Aumento de la dependencia en las energías renovables.
  • Eliminación de burocracia en la instalación de nuevas infraestructuras en energías renovables.
  • Incremento de las deducciones fiscales por inversiones medioambientales.
  • Las empresas podrán pagar hasta 1.500 euros a sus empleados en concepto de renta por desplazamiento desde el lugar de residencia al centro de trabajo y no tendrá consideración de renta en especie.
  • Se mejora la fiscalidad en el caso de la vivienda en alquiler.

COSAS MALAS

  • En el artículo 4.1 aparece la palabra “eficacia” refiriéndose a la Administración Pública. Debería cambiarse por “eficiencia”. No es necesario que escriba por qué una mejor que otra, espero. Debo decir que el término sí aparece en otras partes del texto pero en esa me parece indispensable.
  • Sobre lo que dice el artículo 5.2, no hubiese estado mal que se hubiese empezado aplicando este artículo con esta ley y poniendo una web a la disposición de los ciudadanos para preguntar la opinión sobre el anteproyecto.
  • Sobre los organismos reguladores pienso lo siguiente: los miembros de los organismos reguladores deberían nombrarse por al menos 2/3 de los votos del Pleno del Congreso de los Diputados, y no por Real Decreto a propuesta del Ministro competente. Con el actual anteproyecto se nombran durante 6 años y tienen consideración de altos cargos de la administración general del Estado, por lo tanto, su cese debería ir relacionado con el final de la legislatura, y al comenzar otra, nombrar a nuevos consejeros. Le medida de la aprobación en el Congreso de los Diputados ayudaría a que efectivamente, con el espíritu que recoge la ley, sean profesionales de reconocido prestigio.
  • La ley no recoge ningún tipo de medida o sanción a las administraciones que no cumplan el acuerdo de morosidad, sí que recoge en el caso de que lo envíen las liquidaciones presupuestarias al Ministerio de Economía de Hacienda.
  • Es un brindis al sol decir que dentro de 40 años las centrales nucleares ya no funcionaran. Nadie sabe lo que pasará en 40 años y como será el modelo energético, por lo que regular esto me parece absurdo. Indicar la vida útil de una central nuclear no creo que deba ser conveniente que esté regulado en esta ley.
  • El artículo 133 del anteproyecto modifica la deducción fiscal por vivienda habitual. Aquí quiero señalar lo siguiente:
  • —-    La modificación de esta deducción fiscal no es buena porque no favorece la compra de vivienda.
  • —-    Las Comunidades Autónomas como la Valenciana han aumentado las deducciones fiscales a la compra de la vivienda, en caso de jóvenes, familias numerosas y dependientes.
  • —-    Se acota la deducción fiscal para rentas con una base imponible general de no más de 24.107 euros. Esto quiere decir que una familia cuyos dos cónyuges estén laboralmente en activo y tengan un sueldo “mileurista” (unos 17.000 euros brutos anuales de rendimiento del trabajo), no serán beneficiarios de la deducción fiscal ya que su base imponible general será superior a esa cantidad.
  • —-    La eliminación de esta deducción fiscal supondrá que toda familia que compra una vivienda nueva a partir de enero del 2011 con una renta superior a 24.107 euros pague 1.352 euros más por el impuesto del IRPF ya que no podrá tener la deducción fiscal por vivienda habitual.
  • —-    La ley también baja el coeficiente de deducción del 15% sobre 9.015,18 euros, a 7,5% sobre 9.040 euros para rentas inferiores a 17.707,2 euros y cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales: 9.040 euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 euros anuales.
  • —-    Esto quiere decir que: una familia con una renta inferior a 17.707,2 euros podrá tener una deducción de 678 euros y una familia con 22.000 euros de renta, tendrá una deducción de 223 euros, a diferencia de la actual legislación que tendrían una deducción de 1352 euros.
  • —-    La eliminación de esta deducción fiscal es una absoluta aberración. Parece que con la regulación que se ha hecho el Gobierno no quiere que nadie se beneficie de esta deducción fiscal.
  • —-    Para el cálculo de la deducción fiscal a la vivienda habitual se debería tener en cuenta la “Base Liquidable General” en vez de la “base imponible”. La base liquidable general tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares, el número de hijos, las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados y las aportaciones a sistemas de previsión social.
  • Sobre la creación de la “Comisión de Propiedad Intelectual”. Se podría cuestionar la inconstitucionalidad de este elemento por una injerencia en el poder judicial, suponiendo acotar la libertad de los ciudadanos en Internet, cuyo medio de transmisión es el mejor de los ejemplos de la democracia.

Pienso que una Administración no es capaz por sí sola de cambiar el sistema económico. En un estado democrático como en el que estamos, la Administración, puede fomentar la inversión privada de un sector productivo a través de subvenciones públicas u otras medidas como incentivos fiscales que favorezcan esos sectores.  Por lo tanto, una administración no puede cambiar el rumbo económico de un país si no es con el apoyo de los emprendedores y empresarios, que son el verdadero motor económico y no la Administración. Desconozco si este anteproyecto se ha enviado a la patronal para conocer su opinión al mismo, espero que si, por que si no lo han hecho sería muy grave. En resumen, una ley hecha por un Gobierno no va a cambiar la economía de un país.

La ley utiliza mucho en sus verbos en futuro y no en presente. “Se hará

Mi opinión sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible

He aprovechado este puente festivo que me he podido tomar para hacer cosas que normalmente no puedo hacer. Entre otras, he leído las 198 páginas del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que el pasado 27 de noviembre aprobó el Consejo de Ministros. Esta es la ley que se supone que debe “cambiar el sistema productivo de nuestro país” así como “nuestro modelo económico”. Lo que va entrecomillado son frases dichas durante los últimos meses por altos cargos socialistas, empezando por el Presidente del Gobierno.

Ante esto, lo primero que debo de decir es, que una Administración no es capaz por sí sola de cambiar el sistema económico. En un estado democrático como en el que estamos, la Administración, puede fomentar la inversión privada de un sector productivo a través de subvenciones públicas u otras medidas como incentivos fiscales que favorezcan esos sectores.

Por lo tanto, una administración no puede cambiar el rumbo económico de un país si no es con el apoyo de los emprendedores y empresarios, que son el verdadero motor económico y no la Administración. Desconozco si este anteproyecto se ha enviado a la patronal para conocer su opinión al mismo, espero que si, por que si no lo han hecho sería muy grave. En resumen, una ley hecha por un Gobierno no va a cambiar la economía de un país.

La ley utiliza mucho en sus verbos en futuro y no en presente. “Se hará, se favorecerá, se ….”. Los ciudadanos no necesitan medidas del futuro, si no medidas que resuelvan los problemas que tienen en el presente.
Una vez hecha esta reflexión paso a decir las cosas buenas y malas que veo en el anteproyecto:

COSAS BUENAS

  • Me gusta la protección de los consumidores ante los créditos, sobre todo, la regulación sobre las entidades que dan créditos y luego cobran intereses desorbitados.
  • Por fin se podrán crear sociedades mercantiles de una forma rápida, en solo 5 días. Ahora falta que el registro mercantil central, los notarios, los registros mercantiles provinciales y la AEAT dispongan del suficiente personal para poder esa labor en estos días y dispongan de los medios telemáticos que dice la ley.
  • Se bajan los impuestos en creación de empresas.
  • Ampliación del “silencio positivo” en las administraciones públicas.
  • Mayor agilidad a la hora de otorgar los Ayuntamientos las licencias de apertura.
  • Sobre la morosidad en el ámbito público y privado: la intención es buena, pero ponerlo en marcha va a ser una misión difícil de ejecutar. La disminución del gasto en general y el aumento de financiación de las administraciones irán paralelas al cumplimiento de estos artículos.
  • Implantación de 1Mbit en toda la red pública de comunicaciones de Internet. Se dice en la red pública, no en la privada, como es el caso de la infraestructura desplegada por los operadores móviles que son de su propiedad, y todavía quedan partes del país sin la suficiente cobertura móvil.
  • Reducción del 18% de las tasas de la Oficina Española y Patentes y Marcas.
  • De nuevo se recuperan los incentivos fiscales que se eliminaron en la última Ley del Impuesto de Sociedades que hizo el gobierno del Partido Popular.
  • Se mejora la Formación Profesional. Será necesario que el Gobierno amplíe sus consignas presupuestarias en esta materia para las Comunidades Autónomas (CCAA), porque no se puede continuar con la política actual de legislar para que hagan las CCAA sin poner más financiación para ejecutar esos programas.
  • Aumento de la dependencia en las energías renovables.
  • Eliminación de burocracia en la instalación de nuevas infraestructuras en energías renovables.
  • Incremento de las deducciones fiscales por inversiones medioambientales.
  • Las empresas podrán pagar hasta 1.500 euros a sus empleados en concepto de renta por desplazamiento desde el lugar de residencia al centro de trabajo y no tendrá consideración de renta en especie.
  • Se mejora la fiscalidad en el caso de la vivienda en alquiler.

COSAS MALAS

  • En el artículo 4.1 aparece la palabra “eficacia” refiriéndose a la Administración Pública. Debería cambiarse por “eficiencia”. No es necesario que escriba por qué una mejor que otra, espero. Debo decir que el término sí aparece en otras partes del texto pero en esa me parece indispensable.
  • Sobre lo que dice el artículo 5.2, no hubiese estado mal que se hubiese empezado aplicando este artículo con esta ley y poniendo una web a la disposición de los ciudadanos para preguntar la opinión sobre el anteproyecto.
  • Sobre los organismos reguladores pienso lo siguiente: los miembros de los organismos reguladores deberían nombrarse por al menos 2/3 de los votos del Pleno del Congreso de los Diputados, y no por Real Decreto a propuesta del Ministro competente. Con el actual anteproyecto se nombran durante 6 años y tienen consideración de altos cargos de la administración general del Estado, por lo tanto, su cese debería ir relacionado con el final de la legislatura, y al comenzar otra, nombrar a nuevos consejeros. Le medida de la aprobación en el Congreso de los Diputados ayudaría a que efectivamente, con el espíritu que recoge la ley, sean profesionales de reconocido prestigio.
  • La ley no recoge ningún tipo de medida o sanción a las administraciones que no cumplan el acuerdo de morosidad, sí que recoge en el caso de que lo envíen las liquidaciones presupuestarias al Ministerio de Economía de Hacienda.
  • Es un brindis al sol decir que dentro de 40 años las centrales nucleares ya no funcionaran. Nadie sabe lo que pasará en 40 años y como será el modelo energético, por lo que regular esto me parece absurdo. Indicar la vida útil de una central nuclear no creo que deba ser conveniente que esté regulado en esta ley.
  • El artículo 133 del anteproyecto modifica la deducción fiscal por vivienda habitual. Aquí quiero señalar lo siguiente:
  • —-    La modificación de esta deducción fiscal no es buena porque no favorece la compra de vivienda.
  • —-    Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han aumentado las deducciones fiscales a la compra de la vivienda, especialmente, la Comunitat Valenciana, en caso de jóvenes, familias numerosas y dependientes.
  • —-    Se acota la deducción fiscal para rentas con una base imponible general de no más de 24.107 euros. Esto quiere decir que una familia cuyos dos cónyuges estén laboralmente en activo y tengan un sueldo “mileurista” (unos 17.000 euros brutos anuales de rendimiento del trabajo), no serán beneficiarios de la deducción fiscal ya que su base imponible general será superior a esa cantidad.
  • —-    La eliminación de esta deducción fiscal supondrá que toda familia que compra una vivienda nueva a partir de enero del 2011 con una renta superior a 24.107 euros pague 1.352 euros más por el impuesto del IRPF ya que no podrá tener la deducción fiscal por vivienda habitual.
  • —-    La ley también baja el coeficiente de deducción del 15% sobre 9.015,18 euros, a 7,5% sobre 9.040 euros para rentas inferiores a 17.707,2 euros y cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales: 9.040 euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 euros anuales.
  • —-    Esto quiere decir que: una familia con una renta inferior a 17.707,2 euros podrá tener una deducción de 678 euros y una familia con 22.000 euros de renta, tendrá una deducción de 223 euros, a diferencia de la actual legislación que tendrían una deducción de 1352 euros.
  • —-    La eliminación de esta deducción fiscal es una absoluta aberración. Parece que con la regulación que se ha hecho el Gobierno no quiere que nadie se beneficie de esta deducción fiscal.
  • —-    Para el cálculo de la deducción fiscal a la vivienda habitual se debería tener en cuenta la “Base Liquidable General” en vez de la “base imponible”. La base liquidable general tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares, el número de hijos, las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados y las aportaciones a sistemas de previsión social.
  • Sobre la creación de la “Comisión de Propiedad Intelectual”. Se podría cuestionar la inconstitucionalidad de este elemento por una injerencia en el poder judicial, suponiendo acotar la libertad de los ciudadanos en Internet, cuyo medio de transmisión es el mejor de los ejemplos de la democracia.

RESUMEN

Esta ley creo que dice algunas cosas buenas, y algunas malas, también dice muchas cosas que ya se hacen y otras que por sentido común se deben hacer.

En definitiva, esta ley no va a cambiar el modelo productivo de nuestro país. Las personas que tienen dinero para invertir, lo harán donde crean que mayor rentabilidad económica puedan tener o donde les de la gana, como se ha hecho desde siempre en un sistema democrático y capitalista.