Artículo publicado en el diario ABC Comunidad Valenciana el 10/01/2010:
AYER, resultaba muy curioso comprobar a través de la red social Twitter, que a mi juicio es la que mayor rapidez de difusión posee, la extraordinaria movilización de usuarios de Internet y blogueros contra la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual que contiene la Ley de Economía Sostenible. Ley, que por cierto, había sido anunciada desde hace meses como la panacea universal de nuestra economía y que finalmente ha pasado sin pena ni gloria a un segundo plano por el debate público de cierre de páginas webs que la norma incluye.
Como si se tratase de una novela, el viernes pasado conocíamos una nueva novedad sobre esta Comisión, y es que la Audiencia Nacional podrá cerrar una web en 4 días previa petición de dicha Comisión.
Y lo malo es que no es la primera vez que se regula en contra de los usuarios de Internet. La pasada legislatura ya vivimos el episodio del canon digital, un impuesto que se le añade al precio cualquier dispositivo que reproduzca música y pueda almacenar datos, que pagan los ciudadanos, empresas y administración pública, y que recaudan varias entidades como la SGAE. Por lo tanto, a usted, descargue o no ilegalmente por Internet, se le supone que sí lo hace, y tiene que pagar esa tasa.
El presidente Rodríguez Zapatero está cayendo en el error de legislar contra del sentido común y de utilizar un pilar de la democracia como es la Justicia a favor de unos pocos. Con esto, no estoy defendiendo las descargas ilegales, pero no parece lógico que el cierre de una web sea más rápido que otras medidas preventivas necesarias en delitos de una mayor gravedad.
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