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Sobre la Reforma de la Administración Local

Artículo publicado en el Diario Información el 09/01/14:

Mucho se ha dicho sobre la Reforma de la Administración Local que se ha aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados. La izquierda, que se ha posicionado en contra de esta ley como todo lo que impulsa el PP, desinforma con los argumentos que utiliza, puesto que con verdades a medias, no demuestra lo que dice.

Que si se van a privatizar servicios públicos, que se van a aumentar el coste de los mismos ó que si se eliminan competencias de ayuntamientos. Son las principales ideas de la izquierda que se desmontan sencillamente a quien lea la ley. Ejemplos de gobiernos de izquierdas que privatizan los tenemos en toda España. Si se privatiza, tiene que ser porque la iniciativa privada cumple con la calidad exigida a ese servicio y lo presta de una forma más barata que el sistema público. La privatización de un servicio público no tiene por qué ser mala. El objetivo de este artículo es poder clarificar a quien no se la quiera leer, las principales novedades que establece.

Esta ley se enmarca dentro del plan de reformas de las Administraciones Públicas que promueve el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de clarificar las competencias municipales, racionalizar la estructura de Ayuntamientos para que no gasten más de lo que ingresen y favorecer unos servicios públicos eficientes.

La reforma establece cuales son los servicios mínimos que un Ayuntamiento debe prestar dependiendo de su número de habitantes, dejando siempre la puerta abierta a ofrecer más servicios públicos, siempre que económicamente se lo pueda permitir. Esto es importante puesto que los proveedores no pueden ser los bancos de las Administraciones Públicas. Éste Gobierno pasará a la historia por haber pagado todas las facturas en los cajones de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el Estado.

Para los Ayuntamientos que son ineficientes, se promueve la fusión de municipios con el objetivo de que puedan dar un mejor servicio a los ciudadanos. Esta fusión, que es voluntaria, está premiada  con una mayor financiación del Estado y se prioriza en la obtención de subvenciones y acceso a planes de obras durante cinco años.

También, la ley regula a las entidades dependientes de la Administración Local como mancomunidades, asociaciones, empresas públicas o consorcios, donde les obliga a medidas de transparencia y de fiscalización. Se les exige, si están en una situación deficitaria, su saneamiento y si no, su disolución.

Otra medida de transparencia será la de que los Ayuntamientos deberán informar al Ministerio del coste de cada uno de los servicios públicos que ofrece. De esta forma, la opinión pública podrá conocer el coste real de servicios de Ayuntamientos, viendo quién es más y menos eficiente. En el caso de un Ayuntamiento sea ineficiente, está endeudado, y la Diputación es capaz de ofrecer el mismo servicio a un menor coste para el ciudadano, ese servicio se gestionará desde la Diputación, siempre con el visto bueno del Ayuntamiento.

Esta ley le da un nuevo papel de árbitro a las Diputaciones. Estas Administraciones, ayuntamiento de ayuntamientos, son las que más trato diario tienen con los Ayuntamientos y por lo tanto, tienen más información de ellos. Con la tradicional asistencia económico, financiera y jurídica ó la recaudación tributaria, se pretende que la Diputación tutele las cuentas de los Ayuntamientos que estén endeudados y que se traslade el exitoso modelo de Suma Gestión Tributaria a otros servicios públicos como la gestión del agua potable y alcantarillado, la recogida y tratamiento de basuras, la limpieza viaria o el alumbrado eléctrico. Siempre con menores costes que las tasas que pagan en la actualidad los ciudadanos.

La Diputación aumentará el servicio de secretarios-interventores para Ayuntamientos de hasta mil habitantes (hasta ahora era de quinientos habitantes), la recogida y tratamiento de basuras en municipios de hasta cinco mil, los servicios de administración electrónica en municipios de hasta veinte mil así como las centrales de contratación que la Diputación de Alicante ya ha aprobado.

Otra cuestión a destacar es el reordenamiento de las competencias en materia de educación, de sanidad y servicios sociales que los Ayuntamientos históricamente han prestado. Se clarifica, que en materia educativa el Ayuntamiento colaborará en la obtención de solares para nuevos centros docentes así como en la conservación, mantenimiento y vigilancia de los mismos en educación infantil, primaria o especial. Estos servicios son los que históricamente han prestado los municipios pero a veces han tenido que asumir costes correspondientes a las Comunidades Autónomas y que éstas, a partir de ahora, tendrán que hacerse cargo y pagar a los Ayuntamientos. Si las Comunidades Autónomas no pagan a los Ayuntamientos, el Ministerio se lo retendrá de su financiación y se lo abonará directamente al Ayuntamiento; cuestión que va a beneficiar a las haciendas locales.

En materia de sanidad, la Comunidad Autónoma tendrá que hacerse cargo de los costes que el Ayuntamiento esté soportando en el mantenimiento de los consultorios médicos. En los servicios sociales, el Ayuntamiento se encargará de la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. El resto de actuaciones recaerán en la Comunidad Autónoma que podrá delegar en el Ayuntamiento el servicio al precio de coste estándar que se establezca de esos servicios públicos.

Los sueldos de cargos públicos y asesores también se regulan por primera vez en una legislación, que establece una limitación de sueldos, de concejales con dedicación exclusiva y asesores en función del número de habitantes. De esta forma con esta norma se establecerá un equilibrio que en la actualidad no existía con el límite tanto en las retribuciones económicas como en el número de cargos públicos.

Se podrá destinar el dinero de la venta de suelo público en el pago de deudas que el Ayuntamiento tenga pendientes. Así mismo, en los Ayuntamientos que su gobierno esté en minoría, la oposición no se haya puesto de acuerdo para presentar una moción de censura y bloquee sistemáticamente los presupuestos y planes económicos municipales, la junta de gobierno tendrá competencias para aprobarlos.

El municipio más ideal es aquel que tiene mayores servicios públicos, sus ciudadanos pagan menos impuestos y el Ayuntamiento no está endeudado. Con esta ley se fomentará este tipo de Ayuntamientos para la ciudadanía; Ayuntamientos responsables para sus ciudadanos y que no estén endeudados. Los Ayuntamientos ganarán en financiación y en eficacia. Por lo tanto, concluyo que es una ley valiente que va a modernizar  nuestros Ayuntamientos.

Adrián Ballester Espinosa. Diputado de modernización y asistencia a municipios de la Excelentísima Diputación provincial de Alicante.

Las políticas sociales del PP

Artículo de opinión publicado en el diario ABC en su edición de Alicante el 12/03/2012:

Históricamente, los partidos de izquierda se han atribuído las políticas sociales y de protección a la sociedad, pero esto, a mi juicio, no es así. La izquierda es especialista en despilfarrar y malgastar el dinero público, dejar las arcas en números rojos, y que luego un gobierno del PP tenga que remontar la situación. La historia me da la razón, y el país vive actualmente una situación así.

El Gobierno prorrogó la ayuda de 400 euros para desempleados en su primer Consejo de Ministros. De esta forma, los desempleados de larga duración que no tienen ingresos obtienen una pequeña ayuda social, con la obligación de formarse para aumentar su empleabilidad.

Así mismo, el salario de directivos de Bancos que son receptores de ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya no tendrán retribuciones de varias decenas de miles de euros. Lo que no era normal es que un directivo de una entidad financiera con ayudas publicas recibiera 20 o 30 veces más que el salario del Presidente del Gobierno. A partir de ahora, esas retribuciones tendrán una fiscalización pública.

Otra de las medidas es la dación en pago de la vivienda aprobado el pasado viernes. Las entidades que se acojan al código de buenas prácticas serán beneficiarias de un paquete de ayudas fiscales. También, se prevén diferentes actuaciones a medida de la situación económica de las familias que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca, tomando como ultima opción la dación en pago con la posibilidad de permanecer dos años en su hogar hasta el desahucio, y dando la posibilidad a la entidad financiera de deducirse la cantidad aportada para la dación, como deducción al Impuesto de Sociedades.

La reforma laboral, reduce los costes de seguridad social en la contratación indefinida de jóvenes, ofreciendo una bonificación a pymes que lo utilicen. Otra medida, la de los proveedores de las Administraciones Públicas, especialmente, de Comunidades Autónomas, que van a ver como las facturas que tienen pendiente de pago las cobran. Esa situación de retraso en pago de facturas, no volverá a ocurrir, ya que con la modificación del código penal para que los políticos que se gasten mas que lo que tienen tenga consecuencias penales, hará que se piense antes de gastar lo que no se tiene. La revalorización automática de las pensiones en función del IPC, es otro derecho social restituído tras eliminarlo Zapatero el pasado año.

Estas medidas, entre otras, son por las que será recordado el Gobierno de Mariano Rajoy. Con políticas que son duras, y a la vez necesarias, pronto España volverá a una situación de crecimiento, saliendo de la crisis. Algunas de esas actuaciones serán recordadas, no por que las hizo un gobierno de izquierdas, si no por que las hizo un gobierno del Partido Popular.

La tesis de Camps

Artículo publicado en el diario ABC edición de Alicante el 13/02/2012:

Mucho se ha dicho estos días de la tesis de Camps; de todo, menos de su contenido. Aprovechando que quería estar presente en la defensa de una investigación tan actual como la de “propuestas para la reforma del Sistema Electoral”, cito aquí algunas de las conclusiones que el ya doctor expuso.

En primer lugar, tras la investigación del actual sistema electoral, el análisis de los resultados electorales de nuestra democracia, y la exposición de otros sistemas electorales, se concluye que, con el cambio de las circunscripciones electorales, que en la actualidad, es en provincias para las elecciones generales y autonómicas, a circunscripciones de mucho menor tamaño. En el caso de municipios, también se dividiría el territorio en distritos.

El objetivo de este cambio es precisamente que los candidatos que elijan los partidos políticos sean los mejores de cada lugar. Los mas trabajadores, los mas cercanos; que estén pegados a la ciudadanía que les tiene que elegir. Que sean personas que tengan contacto con sus conciudadanos, que sean conscientes de sus problemas y que les ponga soluciones. Asimismo, si finalmente optan una vez mas a la reelección de un escaño, los ciudadanos puedan examinarlo en las urnas.

Esta elección de los candidatos se combina con un sistema de listas abiertas, donde el ciudadano pueda elegir a un número de candidatos, tanto de un partido político, como de otro, para que sean los mejores los que formen parte del hemiciclo.

Así pues, se propone que el número de escaños vaya intrínsecamente relacionado con el número de habitantes de esa circunscripción. De manera que un escaño tenga el mismo peso en una zona, o en otra, y todos los partidos que concurran a esa elección le cueste un mismo número de votos conseguir un escaño. Esta propuesta también afectaría al caso de las elecciones europeas, con la elección de eurodiputados.

Otra de las propuestas que a mi juicio es interesante es la elección directa de los ciudadanos de la presidencia del gobierno, así como de la alcaldía del municipio.

De esta forma habría otra urna en la que, de los candidatos a diputados, en el caso del Congreso, o de concejales, en el caso de un Ayuntamiento, los ciudadanos eligen a la persona que quieren que ostente la Presidencia del Gobierno o la Alcaldía del municipio. Es decir, el candidato con mayor número de votos sería el elegido por los ciudadanos y los partidos no podrían elegir a sus candidatos.

En el caso del Senado, pasaría exactamente lo mismo, eliminando la elección directa de los parlamentos autonómicos y añadiendo como senadores natos a los presidentes de comunidades y ciudades autónomas del Estado para contribuir a ese papel de cámara territorial que tiene el Senado.

Una gran apuesta del doctor Francisco Camps en la reforma del sistema electoral. Coincido con él en la necesidad de la reforma. Y los ciudadanos en el CIS, también.