Artículo publicado en el diario ABC en su edición de Alicante el 27/02/2012:
Los proveedores de las Administraciones Públicas, quieren cobrar las facturas que tienen pendientes de éstas. Esto, que parece lo mas normal del mundo, se ha convertido en un suplicio para cientos de personas atrapadas por las administraciones. Y que enciman, en muchos casos, les han conducido a tener impagos con Hacienda, adelantando el IVA de esas facturas, y con la Seguridad Social.
El Gobierno de Zapatero ya aprobó una Ley de Lucha contra la Morosidad (ley 15/2010) para acortar la deuda pendiente de administraciones con empresas, pymes y autónomos. Esa Ley de Morosidad establecía unos días máximos de pagos de facturas. En concreto, para el año 2010, de 55 días, para el 2011, 50 días, para el 2012, 40 días y en el año 2013, 30 días. Así también, se iniciaba la obligación de informar de forma trimestral al Ministerio de Hacienda de qué obligaciones económicas estaba contrayendo cada administración, tanto autonómica como local.
El pasado mes de julio se aprobó una línea de crédito del ICO para Ayuntamientos para pagar facturas pendientes. Esta línea consistía en pagar las facturas mas antiguas pendientes de pago, detrayendo esas cantidades del fondo de cooperación en los tributos que el Ministerio de Hacienda transfiere mensualmente a Ayuntamientos, durante tres años. La medida finalmente tuvo poco éxito, porque precisamente en un momento donde cada vez se recauda menos, y que esas transferencias a Ayuntamientos son menores, se perjudicaba la tesorería futura de las administraciones locales.
La nueva medida del Gobierno de Mariano Rajoy se publicaba el pasado sábado en el BOE. Esta medidas pretende que se agilice esos pagos pendientes con proveedores para cumplir con la Ley de Lucha contra la Morosidad. Por ello, antes del próximo 15 de marzo los Ayuntamientos tenemos que mandar al Ministerio las facturas pendientes de pago de antes del 1 de enero de 2012, y que sean contratos incluidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Así mismo, antes del 31 de marzo, los Plenos de Ayuntamientos tenemos que aprobar un Plan de Ajuste indicando cómo se va a financiar el pago de esa deuda contraída con los proveedores, con una articulación de ingresos reales. Están exentos de este plan la deuda de Ayuntamientos con otras Administraciones Públicas.
Otro de los elementos a destacar, es que se priorizará el pago a proveedores que establezcan un descuento sobre la deuda pendiente con el Ayuntamiento, así como otros criterios como sentencias judiciales de reclamaciones de pago, y el criterio de antigüedad de facturas.
El decreto-ley no indica qué pasa con los ayuntamientos que ya han superado su límite de endeudamiento, y prohíbe realizar inversiones a aquellos Ayuntamientos que tengan remanentes de tesorería negativos. A mi juicio, el decreto es muy bueno y va a ayudar a tantos miles de proveedores ahogados por las deudas de las Administraciones. Pendiente queda ver qué va a pasar con el dinero que deben a los ayuntamientos otras administraciones superiores. Seguro que en otro Consejo de Ministros se resolverá este problema.
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