Artículo publicado el 12/05/2022 en el Diario Información
Permítame que hoy me tome la licencia de escribir sobre el bicentenario de la constitución de la Diputación provincial de Alicante que se conmemora el próximo domingo 15 de mayo, una institución en la que he tenido el inmenso honor de servir durante diez años.
No pretendo ahondar en los fundamentos ni la historia de esta administración. Para ello, dispone de las tesis doctorales de los catedráticos de Historia del Derecho, Manuel Santana y Jose Antonio Pérez Juan, de la UA y UMH, respectivamente. Más bien, el ejercicio reflexivo de la experiencia profesional y la participación en numerosos foros sobre el papel de las Diputaciones en el siglo XXI.
El debate de las Diputaciones sí o diputaciones no, es un debate recurrente en la política española. Por ello, ante la situación de crisis que por desgracia estamos atravesando, volverá sin duda a resurgir. Dicha discusión, no supondría un ahorro ni una disminución de funcionarios, ya que sus competencias y obligaciones serían asumidas por la Comunidad Autónoma, la cual tendría que agrandar su tamaño para dar respuesta a esas nuevas competencias atribuidas.
Por ejemplo, el presupuesto de la Generalitat Valenciana para este año 2022 ha sido de 22.507 millones y el presupuesto de la Diputación de Alicante de 272 millones de euros, apenas el 1% de los presupuestos de la Generalitat. En una hipotética supresión de Diputaciones, ¿creería que la Comunidad Autónoma realizaría las mismas inversiones en municipios, subvencionaría las mismas actividades o prestaría la misma asistencia técnica necesaria para los municipios de menor población? La respuesta, desde luego es negativa, como lo demuestran los datos.
La función de las Diputaciones reside en subsanar parcialmente las disfunciones de unos Ayuntamientos excesivamente pequeños para afrontar sus retos diarios de gestión. Además, de garantizar la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía que elige vivir en grandes entornos urbanos o municipios de menor población.
Como primera idea sería la elección directa de las corporaciones provinciales para una mayor legitimidad política. El actual sistema indirecto de elección de las corporaciones provinciales y gobiernos de las diputaciones representa un original modelo que posee muchas virtudes pero otros tantos defectos. No es un mal sistema pero tiene sus problemas: el principal es su falta de visibilidad social, que dificulta el reconocimiento, el control y la legitimidad política y social. Otro problema es que la ubicuidad que se le exige a los cargos políticos de las Diputaciones (estar presentes en la política de su Ayuntamiento y en el de la Diputación) genera conflictos de intereses y dispersión de objetivos. Y en tercer término, la elección de diputados entre concejales del partido judicial.
Todo esto habría que modificarlo por la vía de elegir el pleno de la Diputación de manera directa por parte de los electores. Y que el cuerpo electoral fuera únicamente el de los municipios que mantienen vínculos con la Diputación (los ciudadanos de las capitales y de las grandes ciudades que operan de manera totalmente autónoma de la Diputación deberían quedar fuera del censo electoral). El territorio de los pequeños y medianos municipios representaría el censo electoral. Parece que la última reforma local, pone esa barrera en los municipios menores de 20.000 habitantes. Por lo que los diputados provinciales deberían ser personas elegibles de partidos judiciales de municipios con menos de esa población y que no tengan una duplicidad de otro cargo público representativo para no generar redes clientelares ni conflictos de intereses.
Como segunda idea, las Diputaciones deben ser el eje vertebrador que garantice la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de la provincia. Se ha puesto de manifiesto ante la crisis de la COVID-19 lo positivo que tiene el vivir en zonas rurales o pueblos. De hecho, hay un crecimiento en la actualidad de los padrones municipales en los municipios de menor población, gracias al desarrollo de las redes de telecomunicaciones de alta velocidad, permite el teletrabajo y mejora la calidad de vida. Por lo que, las Diputaciones, a través de las inversiones que se realizan y prestación de servicios que hagan garantizarán la calidad de los servicios públicos que prestan.
En tercer lugar, la creación de unidades de inteligencia del dato y evaluación de políticas públicas. La Administración pública del futuro debe apostar por la inteligencia. Es absolutamente ineludible poseer potentes sistemas de información tanto sobre información interna como externa y que no se aproveche su potencial. La función de regulador de la nueva economía también implica tener los más diversos canales y sistemas de información para saber lo que sucede en todo momento a nivel económico, social y laboral. Pero no todo se soluciona con atesorar una ingente información que contribuya a tomar buenas decisiones públicas, a ejercer el timón del sistema público y a regular de forma silenciosa pero efectiva las actividades privadas. De hecho, el principal problema de nuestros días es el exceso de información y la dificultad de separar los granos informativos entre toneladas de paja de información sin relevancia. El reto reside también en saber conectar los distintos bancos de información y en la capacidad analítica sobre los mismos. De esta manera las Diputaciones podrán supervisar la calidad y el coste de los servicios públicos; algo pendiente desde la última reforma local.
En cuarto lugar, la Diputación como motor de transformación del territorio. Las diputaciones deben permitir ayudar a los municipios en la planificación estratégica del territorio. Los mandatos municipales se han convertido en un tiempo muy corto para hacer actuaciones de largo alcance. Para hacer una verdadera transformación hace falta más que cuatro años. Por lo tanto, hay que diseñar actuaciones de abajo (sociedad civil, ciudadanía) a arriba (nivel político) con actuaciones de gran consenso y que permitan el desarrollo en el tiempo a pesar de los vaivenes políticos.
En último lugar y no por ello menos importante, el cambio en los nuevos perfiles profesionales de la Administración Pública, que combine los conocimientos jurídicos, técnicos pero también digitales. Precisamente las competencias digitales son fundamentales pero también las habilidades sociales con la capacidad asertiva, la empatía y la capacidad de comunicación.
En definitiva, las Diputaciones son el motor de los municipios de menor población y el mejor antídoto contra la despoblación. Un motor que les ayuda a equipararse con los municipios de mayor tamaño. Las Diputaciones son esenciales para cumplir con el principio de igualdad que rige nuestro ordenamiento jurídico.
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