MÁS AYUNTAMIENTO, POR FAVOR

Creo que ninguno de nosotros tiene ninguna duda de que un ayuntamiento es la administración más cercana a la ciudadanía. Que los ayuntamientos, son las administraciones que dan una respuesta más inmediata a los problemas que tienen la ciudadanía, es una afirmación casi indiscutible. Las Administraciones miden su utilidad por las políticas que realizan y por la rapidez en dar respuesta a los problemas de la sociedad a la que sirven. Cualquier órgano público en estos momentos, y en la situación de crisis económica que ya asoma, debe justificar su supervivencia. 

La entidades locales son las Administraciones Públicas que más control han tenido en los últimos años. De forma consecutiva, han sido las únicas administraciones a las que han pedido que no cerraran su presupuesto anual con déficit, siempre con superávit, a diferencia del resto. Además, dentro del conjunto de la deuda pública de las Administraciones españolas, las entidades locales son las que menos déficit público representan (un 2% sobre el PIB) en comparación con comunidades autónomas (23,4%) y Administración General del Estado y Seguridad Social (69,2%). 

Los ayuntamientos y diputaciones han estado cumpliendo sus obligaciones prestando los servicios y competencias a la ciudadanía, con un difícil régimen jurídico y económico, sin tener mayores recursos por estar paralizada prácticamente sine die la tan hablada reforma local que nunca llega, con mayor capacidad financiera y de servicios públicos para estos. El buen funcionamiento de las entidades locales ha permitido, que año a año, se haya cerrado de forma positiva su liquidación presupuestaria, es decir, sin gastar más de lo que se ingresa. Ello ha producido, que la gran mayoría de ayuntamientos, tengan una hucha por ese superávit anual, que le llamamos el remanente de tesorería.

El gobierno de España ha propuesto utilizar el dinero que tienen ahorrados los ayuntamientos. Lo que pretende el gobierno central es simplemente hacer un atraco a los ayuntamientos. A ver cómo le explicamos a cualquier conciudadano, que el dinero que tiene ahorrado su ayuntamiento no se permite gastarlo en los problemas que tenga su municipio y que se lo vamos a enviar para que el Gobierno Central decida en qué gastarlo y donde. Esto atenta a la autonomía local de las entidades locales, así como la autonomía financiera de poder de decisión sobre sus ingresos y gastos.

Precisamente, lo que hay que hacer es todo lo contrario. Facilitar a las entidades locales a que puedan disponer de su superávit y el ahorro acumulado del remanente de tesorería. Tener libertad en hacer las políticas públicas que necesita su territorio y que demanda su sociedad civil. No estamos pidiendo una reforma local para tener más ingresos. No estamos pidiendo que nos financien los gastos que estamos teniendo en la gestión de la crisis de la COVID. Pedimos libertad y utilizar el dinero legítimamente ahorrado de un ayuntamiento. El mundo actual se construye desde lo local. Más ayuntamiento, por favor.

Adrián Ballester es portavoz del gobierno de la Diputación de Alicante y teniente alcalde del Ayuntamiento de Redován.

Mas transparencia, menos corrupción

Artículo publicado en el diario ABC en su edición de Alicante el 28/05/2012:

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba hace una semana el anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, después de hacer un proceso de participación ciudadana donde a través de un espacio web, ochenta mil ciudadanos han enriquecido el texto aportando tres mil setecientas observaciones a la legislación propuesta.

Ésta era una legislación absolutamente urgente y necesaria en nuestro país. De este modo, vamos a hacer un importante avance en tener gobiernos transparentes como ya existe en las instituciones europeas y algunos países de la Unión.

En cuanto la ley sea aprobada en el Congreso, los ciudadanos tendrán un portal web único con la información de todas las administraciones españolas. En ella, aparecerá información institucional de los responsables públicos de cada organización, el organigrama, las retribuciones económicas, currículo y datos de contacto. Así mismo, tendrán que aparecer todos los contratos públicos, tanto aquellos que se han licitado o los que son contratos menores (menos de dieciocho mil euros), con el adjudicatario, el importe del contrato, y el objeto del mismo.

Aquellos convenios con entidades que tengan una aportación económica, también serán públicos, con el objetivo de, si no se cumple con la concurrencia debida al resto de entidades con el mismo fin, y son subvenciones encubiertas para no cumplir con la Ley General de Subvenciones. Precisamente, las subvenciones con los beneficiarios, la cantidad subvencionada y el objeto de la subvención también será pública.

Parte de esta información ha sido pública en los últimos años a través de la publicación en los diferentes boletines oficiales, tanto de las provincias, comunidades autónomas y el Estado. Pero precisamente, ahora, estarán todos los datos de cualquier administración en un único portal web estatal. De esta forma los datos públicos se facilitarán en formatos que puedan ser claramente utilizables para su interpretación.

Quien no cumpla la ley, tendrá consecuencias leves, graves y muy graves, que llevan acarreada desde la destitución hasta la inhabilitación para cargo público. Por otra, en esta legislación se añade como infracciones todas las del ámbito económico, como las famosas facturas en los cajones, mal en los últimos años de la administración en general.

Si hay una absoluta transparencia en la gestión pública de cada céntimo de euro de un cargo público y de un alto funcionario, los ciudadanos y periodistas, pueden convertirse en un fiscalizador más, como es el caso de los interventores en las administraciones. De esta forma, la tentación a tener prácticas corruptas en el entorno público resulta mas difícil, al estar la gestión de cualquier persona que se dedique a la cosa pública a la exposición ciudadana.

Precisamente, la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, en su discurso de investidura apostaba por administraciones transparentes. Por ello, pronto la Diputación tendrá un nuevo portal web donde se ofrecerá la información pública de la gestión diaria, tal como establece la futura ley.