Artículo de opinión publicado en el diario ABC en su edición de Alicante el 16/04/2012:
Esta semana se celebra en la ciudad de Valencia una importante reunión de todas las diputaciones de nuestro país, que junto con la próxima reunión de las diputaciones de la Comunidad Valenciana, van a redefinir el papel que juega esta administración pública en el escenario actual.
Sin duda, la reestructuración de la administración pública española es una asignatura pendiente desde, sobre todo, cuando se inició la crisis económica. Hasta ahora, no se han tomado decisiones importantes y valientes que lleven a cabo un cambio en la reducción del proceso administrativo; así mismo, de una verdadera carta de servicios públicos donde las administraciones no dupliquen competencias ni servicios.
En la actualidad, un ciudadano, depende del lugar de España en el que viva, puede que tenga diferencias a la hora de realizar un trámite administrativo, en los servicios sanitarios, en los tipos impositivos tributarios o problemas en la elección de la lengua que quiere que a sus hijos les eduquen.
En una época donde se tiene que continuar disminuyendo el gasto público, y no se dislumbra el final del túnel de esta terrible crisis que a tantas familias y pymes se está llevando por delante, los políticos tenemos que estar a la altura de alcanzar pactos y tomar decisiones que aseguren unos servicios públicos acordes a nuestro orden Constitucional junto con una política presupuestaria lo mas eficiente posible y austera para cumplir con la estabilidad presupuestaria.
No hay tiempo de si tu has dicho esto, dijiste aquello, tu eres mas o eres menos. No es el tiempo de los protagonismos políticos. Es necesario un tiempo de consensos. La sociedad no perdonaría que no nos pusiésemos de acuerdo.
De vez en cuando escucho a alguien que se pone a hablar de la pólvora como elemento innovador cuando ya está inventada. Rubalcaba proponía en la última campaña electoral eliminar Diputaciones, que la suma de todas ellas supone un 1% del gasto en los Presupuestos Generales del Estado. La eliminación de esta administración pública no supondría un ahorro del 1% al Estado; alguien tendría que asumir los servicios que presta, su personal y sus infraestructuras. Sobre la fusión de municipios; que nadie se piense que en los ayuntamientos pequeños hay tres o cuatro funcionarios de brazos cruzados y con servicios duplicados. La mayoría tienen uno o dos empleados públicos que comparten con otros ayuntamientos de municipios pequeños, y donde los servicios públicos que prestan están mancomunados con localidades colindantes.
Las diputaciones, y en concreto, la Diputación de Alicante está preparada para asumir los nuevos retos que se planteen en estas próximas reuniones. Lo que está claro es que las diputaciones no deben tener servicios que son competencia de la Comunidad Autónoma o de la Administración Central. Sus competencias tienen que basarse en aquello que son especialistas: la atención a los municipios, la coordinación de la acción política de los Ayuntamientos y la coordinación de la gestión de los servicios públicos que las entidades locales tienen encomendadas.
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