Artículo publicado en el Diario Información el 7/7/2022

A raíz del viaje oficial a Estados Unidos de la ministra de Igualdad, Irene Montero junto con otros altos cargos de su ministerio y otros cargos públicos sin responsabilidades de gobierno dentro de ese Ministerio, se ha juzgado en la opinión pública y en los foros de las redes sociales sobre la conveniencia de ese viaje. 

Los correligionarios apoyan el asunto y los haters lo critican, quedando para la historia de la comunicación política algunos memes propios del humor ibérico para el descojone nacional. 

Pero dicho esto, se ha cuestionado últimamente sobre las retribuciones del ejecutivo y el número de altos cargos existentes en el Gobierno de la Nación. Y esto, cada vez se va a poner más en el ojo de la crítica política, no sólo del Gobierno sino del resto de Administraciones que han aumentado de forma considerable su estructura política ante el tsunami económico que se avecina.

La transparencia es un valor de las Administraciones Públicas con la numerosa normativa que promueve estas políticas en el conjunto del Estado y en la Unión Europea. Escribía hace unas semanas precisamente sobre el poder que tiene la ciudadanía de hacer peticiones de información a cualquier Administración y la importancia en difundir la cultura de la transparencia en el sistema educativo, en el tejido asociativo y en los medios de comunicación.

Sobre las peticiones de transparencia de altos cargos del gobierno, algunas han sido noticiosas. Por ejemplo, los viajes del Presidente del Gobierno a residencias del Patrimonio del Estado o festivales de música, que ante la petición de información por parte de algunos ciudadanos sobre su coste, se ha negado la información por el siempre recurrido límite del derecho de acceso a la información pública; en este caso, poniendo como excusa la seguridad nacional para no desvelar datos de la escolta del Presidente.

Pero al fin y al cabo, la transparencia es un valor, donde lógicamente se deben respetar algunos límites pero respetándolos, no se deben poner excusas. Al fin y al cabo, siempre hay que tener en cuenta que el dinero público que gestiona un gobernante proviene de los impuestos que paga religiosamente la ciudadanía y que ésta tiene derecho a obtener información de en qué se gasta cada céntimo de euro.

¿Cuánto cuesta el Gobierno? ¿Cuánto cuesta la estructura política y sus emolumentos? Para atender estas preguntas, debemos tener en cuenta la división que hace la Constitución Española en su artículo 97, en el que habla de la división entre la administración civil formada por funcionarios y personal laboral, y el gobierno que tiene el poder ejecutivo de la administración civil elegido democráticamente por la ciudadanía. Además, el gobierno lo conforman los altos cargos (ministros, secretarios de estado, secretarios generales, directores generales, delegados) pero también el personal eventual que realiza funciones de asesoramiento al gobierno y que es elegido a dedo por estos sin tener en cuenta el mérito o capacidad que sí se exige para ser funcionario.

Por ejemplo, en concreto el Ministerio de Igualdad que al principio lo mencionamos por su noticioso viaje americano, tiene un total de nueve altos cargos, que encabeza la Ministra de Igualdad seguida por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, el Subsecretario de Igualdad, la directora del Gabinete de la Ministra, el Secretario General Técnico, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la Directora General de Diversidad Secual, la Directora General para la Igualdad de trato y la Directora General del Instituto de las Mujeres. Según los datos que obran en el propio Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, las retribuciones económicas de los altos cargos de este ministerio en el año 2021 ascendieron a 856.790,71 €. Además, el personal eventual (asesores) adscritos a este ministerio el pasado año 2021 sumaron 1.000.587,73. Es decir, que la suma de las retribuciones brutas de altos cargos y asesorías, fueron de 1.857.378,44 €, a la que habría que sumar las cotizaciones sociales que ascendería a 2.414.591,97 € sin tener en cuenta otras retribuciones, como gastos en viajes, dietas, kilometrajes o otros complementos retributivos extraordinarios.

Pero sobre el viaje, hay algo que políticamente es insostenible: mientras estaba el Presidente de los Estados Unidos de visita oficial en España, ¿que hacía una miembro del Gobierno de gira precisamente por Norteamérica con una dudosa agenda, ni siquiera reuniéndose con su homólogo en el gobierno de Biden? Para pensarlo.

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