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La Diputación de Alicante ofrece a los ciudadanos la posibilidad de presentar propuestas y alegaciones a los proyectos normativos de la institución

El Gobierno Provincial es pionero en implantar este sistema, que ofrece a la sociedad la posibilidad de formar parte de la toma de decisiones políticas

  • El Proyecto de Ordenanza de Transparencia es la primera de las normas que está siendo sometida a este proceso
  • Las sugerencias y aportaciones se harán efectivas a través del Portal de Transparencia provincial

16-02-16.- Por primera vez en su historia, la Diputación de Alicante  permitirá a los ciudadanos hacer propuestas y presentar alegaciones a sus proyectos normativos. De este modo, el Gobierno Provincial involucra a la sociedad en los procesos legislativos que desarrolla, ofreciendo a los alicantinos la posibilidad de formar parte de la toma de decisiones diaria y de participar en los asuntos públicos.

El diputado de Buen Gobierno, Adrián Ballester, ha manifestado que “a través de este proceso de información pública queremos acercar y abrir a la participación ciudadana los procesos de elaboración de los proyectos normativos” y ha añadido que “esta iniciativa forma parte de la nueva filosofía de la institución provincial, que encabeza el presidente César Sánchez, con la que queremos dar a las personas la oportunidad de opinar y participar en los procesos legislativos de la Diputación de Alicante”.

El Proyecto de Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información es la primera de las normas que está siendo sometida a este proceso de alegaciones. Hasta el próximo 15 de marzo, los ciudadanos tienen la oportunidad de presentar sus sugerencias y aportaciones a este reglamento a través del Portal de Transparencia de la institución provincial – http://abierta.diputacionalicante.es-, donde a partir de ahora se publicarán también el resto de proyectos normativos.

Todas las aportaciones serán atendidas y servirán para modificar, corregir y mejorar nuestros proyectos. Consideramos fundamental escuchar la opinión de los ciudadanos para, de este modo, acertar en las políticas públicas que proponemos”, ha puntualizado Ballester.

La Ordenanza de Transparencia

La Ordenanza de Transparencia es un nuevo reglamento que permite a los ciudadanos obtener información sobre las instituciones. Conocer la agenda de los diputados provinciales, sus retribuciones, su currículum, sus títulos académicos o su contacto son algunos de los datos fundamentales que ya difunde el Gobierno Provincial quien, desde hace unos meses, se ha adherido a las especificaciones que propone esta normativa.

Hitos de gestión de la Diputación provincial de Alicante #DiputacionesH2020

MRP_2767Esta mañana he presentado algunos de los hitos de gestión de la Diputación provincial de Alicante en el I Foro de Innovación de Gobiernos Locales Intermedios.

He hablado sobre el Departamento de Formación de la Diputación de Alicante, del Plan de Ahorro Energético, de la Gestión Tributaria, de Transparencia y Modernización. Comparto mi presentación:

La Diputación de Alicante impulsa una jornada para acercar la Ley de Transparencia a las administraciones locales

El diputado de Buen Gobierno, Adrián Ballester, ofrece una ponencia para explicar la implantación de los portales en los ayuntamientos
111215 Curso transparencia

  • Esta iniciativa se dirige a personal técnico de los consistorios alicantinos y de la propia institución provincial
  • El Departamento de la Diputación organiza este curso que dota a los trabajadores públicos de los recursos y conocimientos necesarios para adaptarse a las nuevas normativas

12-11-15.- El diputado de Buen Gobierno, Adrián Ballester, ha ofrecido esta mañana en Hogar Provincial una ponencia sobre el “Proyecto FEMP-AGE para facilitar el desarrollo de portales de transparencia en ayuntamientos”. Se trata de una conferencia incluida en las jornadas formativas que, para analizar la Ley de Transparencia y su implantación en la Administración Local, ha organizado la Diputación de Alicante, dirigida a personal técnico de los consistorios de la provincia y de la propia institución provincial.

Ballester ha explicado que “en los últimos tiempos la administración pública está viviendo una serie de cambios legislativos que, lógicamente, requieren de una formación específica” y es por ello que la Diputación de Alicante ha organizado, por segunda vez a través de su Departamento de Formación, estos cursos que dotan a los trabajadores públicos de los recursos y conocimientos necesarios para adaptarse a las nuevas normativas.

Estas jornadas, que se vienen celebrando desde el pasado lunes 9 de noviembre hasta hoy, pretenden “ayudar a las entidades locales ante el reto que supone la nueva Ley de Transparencia y  la nueva forma de hacer política y de comunicarla”.

En este sentido, Ballester ha asegurado que “somos conscientes de que el Gobierno Provincial es el Ayuntamiento de ayuntamientos y que los municipios nos necesitan, así que hemos diseñado un Portal de Transparencia al que pueden acogerse de forma gratuita todos los municipios para que puedan cumplir con los requisitos que marca la nueva ley”.

Este portal recoge información útil para que los ciudadanos puedan conocer en cada momento en qué gastan el dinero público las administraciones y las personas que trabajan en ellas. Información como los desplazamientos de trabajo de los políticos y funcionarios, los sueldos, la agenda y también información sobre todos los contratos que están realizando las administraciones locales.

Ballester ha insistido, además, en que la Diputación es consciente de que “tenemos que cambiar las cosas y, por ello, desde el inicio de esta legislatura el Gobierno Provincial ha puesto en marcha algunas medidas encaminadas a mejorar la transparencia de la institución, tales como la eliminación de los políticos de las Mesas de Contratación o la emisión en directo de los plenos de la Diputación a través de internet y de las televisiones comarcales de la provincia, a partir del próximo mes de diciembre

Asimismo, el diputado de Buen Gobierno ha subrayado que “en un momento en el que algunos se cuestionan la existencia de las diputaciones, hay que tener claro que sin la institución provincial los municipios se quedarían desamparados y prácticamente, sin inversiones porque es la única administración que está invirtiendo en infraestructuras”.

 

Sobre la Reforma de la Administración Local

Artículo publicado en el Diario Información el 09/01/14:

Mucho se ha dicho sobre la Reforma de la Administración Local que se ha aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados. La izquierda, que se ha posicionado en contra de esta ley como todo lo que impulsa el PP, desinforma con los argumentos que utiliza, puesto que con verdades a medias, no demuestra lo que dice.

Que si se van a privatizar servicios públicos, que se van a aumentar el coste de los mismos ó que si se eliminan competencias de ayuntamientos. Son las principales ideas de la izquierda que se desmontan sencillamente a quien lea la ley. Ejemplos de gobiernos de izquierdas que privatizan los tenemos en toda España. Si se privatiza, tiene que ser porque la iniciativa privada cumple con la calidad exigida a ese servicio y lo presta de una forma más barata que el sistema público. La privatización de un servicio público no tiene por qué ser mala. El objetivo de este artículo es poder clarificar a quien no se la quiera leer, las principales novedades que establece.

Esta ley se enmarca dentro del plan de reformas de las Administraciones Públicas que promueve el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de clarificar las competencias municipales, racionalizar la estructura de Ayuntamientos para que no gasten más de lo que ingresen y favorecer unos servicios públicos eficientes.

La reforma establece cuales son los servicios mínimos que un Ayuntamiento debe prestar dependiendo de su número de habitantes, dejando siempre la puerta abierta a ofrecer más servicios públicos, siempre que económicamente se lo pueda permitir. Esto es importante puesto que los proveedores no pueden ser los bancos de las Administraciones Públicas. Éste Gobierno pasará a la historia por haber pagado todas las facturas en los cajones de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el Estado.

Para los Ayuntamientos que son ineficientes, se promueve la fusión de municipios con el objetivo de que puedan dar un mejor servicio a los ciudadanos. Esta fusión, que es voluntaria, está premiada  con una mayor financiación del Estado y se prioriza en la obtención de subvenciones y acceso a planes de obras durante cinco años.

También, la ley regula a las entidades dependientes de la Administración Local como mancomunidades, asociaciones, empresas públicas o consorcios, donde les obliga a medidas de transparencia y de fiscalización. Se les exige, si están en una situación deficitaria, su saneamiento y si no, su disolución.

Otra medida de transparencia será la de que los Ayuntamientos deberán informar al Ministerio del coste de cada uno de los servicios públicos que ofrece. De esta forma, la opinión pública podrá conocer el coste real de servicios de Ayuntamientos, viendo quién es más y menos eficiente. En el caso de un Ayuntamiento sea ineficiente, está endeudado, y la Diputación es capaz de ofrecer el mismo servicio a un menor coste para el ciudadano, ese servicio se gestionará desde la Diputación, siempre con el visto bueno del Ayuntamiento.

Esta ley le da un nuevo papel de árbitro a las Diputaciones. Estas Administraciones, ayuntamiento de ayuntamientos, son las que más trato diario tienen con los Ayuntamientos y por lo tanto, tienen más información de ellos. Con la tradicional asistencia económico, financiera y jurídica ó la recaudación tributaria, se pretende que la Diputación tutele las cuentas de los Ayuntamientos que estén endeudados y que se traslade el exitoso modelo de Suma Gestión Tributaria a otros servicios públicos como la gestión del agua potable y alcantarillado, la recogida y tratamiento de basuras, la limpieza viaria o el alumbrado eléctrico. Siempre con menores costes que las tasas que pagan en la actualidad los ciudadanos.

La Diputación aumentará el servicio de secretarios-interventores para Ayuntamientos de hasta mil habitantes (hasta ahora era de quinientos habitantes), la recogida y tratamiento de basuras en municipios de hasta cinco mil, los servicios de administración electrónica en municipios de hasta veinte mil así como las centrales de contratación que la Diputación de Alicante ya ha aprobado.

Otra cuestión a destacar es el reordenamiento de las competencias en materia de educación, de sanidad y servicios sociales que los Ayuntamientos históricamente han prestado. Se clarifica, que en materia educativa el Ayuntamiento colaborará en la obtención de solares para nuevos centros docentes así como en la conservación, mantenimiento y vigilancia de los mismos en educación infantil, primaria o especial. Estos servicios son los que históricamente han prestado los municipios pero a veces han tenido que asumir costes correspondientes a las Comunidades Autónomas y que éstas, a partir de ahora, tendrán que hacerse cargo y pagar a los Ayuntamientos. Si las Comunidades Autónomas no pagan a los Ayuntamientos, el Ministerio se lo retendrá de su financiación y se lo abonará directamente al Ayuntamiento; cuestión que va a beneficiar a las haciendas locales.

En materia de sanidad, la Comunidad Autónoma tendrá que hacerse cargo de los costes que el Ayuntamiento esté soportando en el mantenimiento de los consultorios médicos. En los servicios sociales, el Ayuntamiento se encargará de la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. El resto de actuaciones recaerán en la Comunidad Autónoma que podrá delegar en el Ayuntamiento el servicio al precio de coste estándar que se establezca de esos servicios públicos.

Los sueldos de cargos públicos y asesores también se regulan por primera vez en una legislación, que establece una limitación de sueldos, de concejales con dedicación exclusiva y asesores en función del número de habitantes. De esta forma con esta norma se establecerá un equilibrio que en la actualidad no existía con el límite tanto en las retribuciones económicas como en el número de cargos públicos.

Se podrá destinar el dinero de la venta de suelo público en el pago de deudas que el Ayuntamiento tenga pendientes. Así mismo, en los Ayuntamientos que su gobierno esté en minoría, la oposición no se haya puesto de acuerdo para presentar una moción de censura y bloquee sistemáticamente los presupuestos y planes económicos municipales, la junta de gobierno tendrá competencias para aprobarlos.

El municipio más ideal es aquel que tiene mayores servicios públicos, sus ciudadanos pagan menos impuestos y el Ayuntamiento no está endeudado. Con esta ley se fomentará este tipo de Ayuntamientos para la ciudadanía; Ayuntamientos responsables para sus ciudadanos y que no estén endeudados. Los Ayuntamientos ganarán en financiación y en eficacia. Por lo tanto, concluyo que es una ley valiente que va a modernizar  nuestros Ayuntamientos.

Adrián Ballester Espinosa. Diputado de modernización y asistencia a municipios de la Excelentísima Diputación provincial de Alicante.

Mas transparencia, menos corrupción

Artículo publicado en el diario ABC en su edición de Alicante el 28/05/2012:

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba hace una semana el anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, después de hacer un proceso de participación ciudadana donde a través de un espacio web, ochenta mil ciudadanos han enriquecido el texto aportando tres mil setecientas observaciones a la legislación propuesta.

Ésta era una legislación absolutamente urgente y necesaria en nuestro país. De este modo, vamos a hacer un importante avance en tener gobiernos transparentes como ya existe en las instituciones europeas y algunos países de la Unión.

En cuanto la ley sea aprobada en el Congreso, los ciudadanos tendrán un portal web único con la información de todas las administraciones españolas. En ella, aparecerá información institucional de los responsables públicos de cada organización, el organigrama, las retribuciones económicas, currículo y datos de contacto. Así mismo, tendrán que aparecer todos los contratos públicos, tanto aquellos que se han licitado o los que son contratos menores (menos de dieciocho mil euros), con el adjudicatario, el importe del contrato, y el objeto del mismo.

Aquellos convenios con entidades que tengan una aportación económica, también serán públicos, con el objetivo de, si no se cumple con la concurrencia debida al resto de entidades con el mismo fin, y son subvenciones encubiertas para no cumplir con la Ley General de Subvenciones. Precisamente, las subvenciones con los beneficiarios, la cantidad subvencionada y el objeto de la subvención también será pública.

Parte de esta información ha sido pública en los últimos años a través de la publicación en los diferentes boletines oficiales, tanto de las provincias, comunidades autónomas y el Estado. Pero precisamente, ahora, estarán todos los datos de cualquier administración en un único portal web estatal. De esta forma los datos públicos se facilitarán en formatos que puedan ser claramente utilizables para su interpretación.

Quien no cumpla la ley, tendrá consecuencias leves, graves y muy graves, que llevan acarreada desde la destitución hasta la inhabilitación para cargo público. Por otra, en esta legislación se añade como infracciones todas las del ámbito económico, como las famosas facturas en los cajones, mal en los últimos años de la administración en general.

Si hay una absoluta transparencia en la gestión pública de cada céntimo de euro de un cargo público y de un alto funcionario, los ciudadanos y periodistas, pueden convertirse en un fiscalizador más, como es el caso de los interventores en las administraciones. De esta forma, la tentación a tener prácticas corruptas en el entorno público resulta mas difícil, al estar la gestión de cualquier persona que se dedique a la cosa pública a la exposición ciudadana.

Precisamente, la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, en su discurso de investidura apostaba por administraciones transparentes. Por ello, pronto la Diputación tendrá un nuevo portal web donde se ofrecerá la información pública de la gestión diaria, tal como establece la futura ley.