Una Ley esperada y necesaria

En el año 1989 se creó el Institut Valencià de la Joventut. Un organismo que nació con el objetivo de ejecutar la política de juventud que realizase la Generalitat. También en ese año se reguló con la Ley de Participación Juvenil, la participación pública, de la juventud perteneciente al movimiento asociativo juvenil de la Comunitat, a través de los Consejos de la Juventud.

Tras muchos años, era necesaria una Ley de Juventud de la Comunitat Valenciana, que diese respuesta a las nuevas necesidades de la juventud valenciana del siglo XXI, así como una legislación integral de materia de juventud.

La nueva Ley de Juventud contempla la transformación del IVAJ en Generalitat Jove. Este no es un simple cambio de nombre, si no un nuevo concepto como organismo autónomo coordinador de la política de juventud de la Administración Valenciana, de manera que se coordinará e informará a los ciudadanos jóvenes de la Comunitat desde Generalitat Jove.

A partir de la aprobación de la nueva Ley, los jóvenes tendrán de un modo más ágil el acceso a toda la información de la Generalitat que les resulte útil, ya que Generalitat Jove le proporcionará la información no solamente de los programas y actuaciones que gestiona, sino de todas las medidas que desarrolla toda la administración autonómica valenciana en materia juvenil, a través de la Ventanilla Única Jove.

La nueva legislación que afecta a la juventud valenciana, está dirigida a un sector social con un peso innegable en la estructura demográfica de la Comunitat.

Se considerarán personas jóvenes a las que tengan entre los 14 y los 30 años, inclusive. No obstante, para políticas en materia de emancipación, principalmente, vivienda y empleo, la consideración se puede extender hasta los 35 años.

Tanto el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana como los consejos locales adoptan, en esta Ley, la forma jurídica de corporaciones públicas sectoriales de base privada con personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

El Pla Jove será el instrumento a través del cual Generalitat Jove planificará y establecerá todas las actuaciones y medidas concretas que las distintas Consellerias vayan a realizar durante el tiempo que se determine en el Plan. En este plan se hablará de familia, vivienda, empleo, salud, consumo, formación, investigación, cultura, deporte, turismo, ocio, seguridad vial, medio rural, medio natural y solidaridad.

La juventud de la Comunitat ha sido partícipe en la elaboración de esta ley, a través de la web que se puso en marcha para conocer la opinión, y a través de las entidades miembro del Consejo de la Juventud, como asociaciones juveniles, secciones juveniles de sindicatos y partidos políticos, y movimientos sociales.

Esta es la ley de los jóvenes y para los jóvenes.

El Consell aprueba el anteproyecto de Ley de Juventud de la Comunitat Valenciana

  • La nueva norma, que beneficiará a más de un millón y medio de jóvenes, establece la transformación del Institut Valencià de la Joventut en  Generalitat Jove
  • Garantiza la participación juvenil y las políticas transversales a las que se destinan más de 600 millones de euros anuales

El Consell ha aprobado el anteproyecto de ley de Juventud de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de actualizar la legislación y adaptarla a los nuevos retos y necesidades que demandan los jóvenes del siglo XXI.

El nuevo texto legislativo contempla la transformación del Institut Valencià de la Joventut en Generalitat Jove, el Pla Jove, la transversalidad de las políticas en materia de juventud y los órganos de participación como el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana y el Observatori de la Joventut.

Dirigida a un sector social con un peso innegable en la estructura demográfica de la Comunitat, la normativa contiene un conjunto de medidas articuladas para  favorecer y facilitar su óptimo desarrollo como ciudadanos. En la Comunitat Valenciana hay en la actualidad 1.569.949 jóvenes de 14 a 35 años, lo que representa  el 31,2%  de la población.

Entre los principios que inspiran la nueva Ley de Juventud figuran la difusión, entre la juventud, de los valores democráticos, constitucionales y estatutarios; la búsqueda de la igualdad de oportunidades, y el fomento de la participación juvenil. Asimismo, contempla la promoción y fomento de la lengua y cultura valenciana, la proximidad y universalidad de los servicios a la juventud así como el respeto y protección de la multiculturalidad y la diversidad.

El texto considera personas jóvenes a las comprendidas entre los 14 y los 30 años, inclusive. No obstante, para la ejecución de programas o actuaciones relacionadas con el proceso de independencia familiar de los jóvenes y con la constitución de un hogar independiente, tal es el caso de las políticas de ayudas para compra o alquiler de vivienda o acceso a planes de empleo, la consideración se puede extender hasta  los 35 años.

El Título I de la Ley se destina a la organización de Generalitat Jove y a la creación del Observatori de la Joventut de la Comunitat Valenciana, órgano consultivo de carácter técnico adscrito a Generalitat Jove, que permitirá obtener información y realizar los análisis necesarios sobre la realidad de la juventud de la Comunitat.

Uno de los cambios más relevantes que introduce la Ley, es la nueva denominación del órgano encargado de coordinar las políticas de juventud en el ámbito de la Comunitat Valenciana. El Institut Valencià de la Joventut pasa a denominarse Generalitat Jove, aunque sigue siendo un organismo autónomo de la Generalitat.

Coordinación de todas las políticas juveniles

Con este cambio de tendencia, ya no se considera al Institut Valencià de la Joventut sólo como un ente pionero de la política en materia de juventud de la Generalitat, sino que lo impulsa hacia labores de coordinación de todas las políticas juveniles de la Administración Valenciana, de manera que  la política juvenil se coordinará e informará a los ciudadanos jóvenes de la Comunitat desde Generalitat Jove.

Estas políticas se caracterizan principalmente por su transversalidad, ya que los jóvenes son ciudadanos cuyo desarrollo no se extiende sólo en un ámbito específico, sino que le afectan las políticas públicas de muchas áreas.

En este sentido, la Generalitat considera que la transversalidad debe seguir aplicándose para seguir desarrollando políticas de juventud integrales y eficaces. Actualmente se llevan a cabo actuaciones en materia de juventud desde todas las Consellerias, organismos autónomos, fundaciones y empresas públicas. Por ello, Generalitat Jove, también informará de todas ellas a través de sus oficinas y canales de información como, por ejemplo, la página web de Generalitat Jove.

A partir de la aprobación de la nueva Ley, los jóvenes tendrán de un modo más ágil el acceso a toda la información de la Generalitat que les resulte útil, ya que Generalitat Jove le proporcionará la información no solamente de los programas y actuaciones que gestiona, sino de todas las medidas que desarrolla toda la administración autonómica valenciana en materia juvenil, a través de la Ventanilla Única Jove.

La Generalitat Jove asume todos los medios personales, materiales y los recursos económicos de los que disponía el Institut.

Participación juvenil

El Título II del anteproyecto se dedica a la participación juvenil con tres capítulos: las organizaciones de participación juvenil (uniones, asociaciones, federaciones, secciones juveniles de sindicatos o partidos políticos, consejos de la juventud locales, etc.).;  el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana y  los consejos locales de la juventud. Se prevén  instrumentos estables de financiación para todas las formas organizadas de participación juvenil, con especial mención del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana y de los consejos locales.

El anteproyecto de Ley respeta y afianza estas entidades de participación, garantizando su permanencia a través de los apoyos institucionales necesarios para su efectividad. En ella aparecen recogidos los primeros modos y formas de participación social: el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana y los consejos territoriales de la juventud, de ámbito local.

Tanto el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana como los consejos locales adoptan, en esta Ley, la forma jurídica de corporaciones públicas sectoriales de base privada con personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

Por ello, la ley refuerza los consejos autonómicos y locales de la juventud que canalizan la participación de aquellos jóvenes que siguen viendo en la actuación social y política un lugar para poner en práctica los principios de solidaridad  y de servicio a los demás.

Políticas en materia de juventud

El Título III se destina en la Ley a las políticas en materia de juventud, a la Red de Información y Formación Juvenil, así como los servicios para la juventud, con la  regulación del Carnet Jove, los albergues, campamentos y residencias, y la promoción del turismo juvenil, faceta mercantil de Generalitat Jove.

Un lugar destacado lo ocupa el Pla Jove que  será el instrumento a través del cual Generalitat Jove planificará y establecerá todas las actuaciones y medidas concretas que las distintas Consellerias vayan a realizar durante el tiempo que se determine en el Plan.

La nueva Ley introduce como novedad una serie de áreas sobre las que el Pla Jove deberá incidir prioritariamente por considerarse esenciales para el desarrollo de los jóvenes: familia, vivienda, empleo, salud, consumo, formación, investigación, cultura, deporte, turismo, ocio, seguridad vial, medio rural, medio natural y solidaridad.

Además de establecer el contenido básico sobre el que deben centrarse las políticas de juventud, en la nueva Ley también se regulan otros servicios juveniles que ya está desarrollando la Generalitat como la emisión de carnés, el mantenimiento de instalaciones juveniles o la formación de animadores juveniles y monitores de tiempo libre.

Por otra parte, la Ley prevé la creación mediante decreto del Observatori de la Joventut de la Comunitat Valenciana como órgano adscrito a la Generalitat Jove. Tendrá un carácter consultivo, y su misión será investigar, estudiar y emitir informes sobre la realidad juvenil en la Comunitat Valenciana.  Los análisis y las conclusiones del citado órgano le servirán a la Generalitat para  conocer los problemas y preocupaciones de los jóvenes y así poder desarrollar programas que respondan a sus necesidades reales.

También merece la pena destacar que se ha establecido un sistema de controles del gasto que parecen oportunos en una corporación que se nutre fundamentalmente de los presupuestos de la Generalitat para asegurar su actividad, controles que, por otra parte, no son extraños a este tipo de corporaciones.

Por último, el Capítulo IV de la Ley establece un régimen sancionador que se concentra en las actividades destinadas a los jóvenes y llevadas a cabo por la iniciativa privada, y en la regulación del régimen disciplinario de residencias, albergues y campamentos.

Se definen distintas infracciones que se califican como leves y  graves, tanto las infracciones como las sanciones correspondientes tienen como objetivo evitar la obstaculización del buen desarrollo de la Ley.

Ya van dos

Artículo publicado en el diario ABC Comunidad Valenciana el 10/01/2010:


AYER, resultaba muy curioso comprobar a través de la red social Twitter, que a mi juicio es la que mayor rapidez de difusión posee, la extraordinaria movilización de usuarios de Internet y blogueros contra la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual que contiene la Ley de Economía Sostenible. Ley, que por cierto, había sido anunciada desde hace meses como la panacea universal de nuestra economía y que finalmente ha pasado sin pena ni gloria a un segundo plano por el debate público de cierre de páginas webs que la norma incluye.
Como si se tratase de una novela, el viernes pasado conocíamos una nueva novedad sobre esta Comisión, y es que la Audiencia Nacional podrá cerrar una web en 4 días previa petición de dicha Comisión.
Y lo malo es que no es la primera vez que se regula en contra de los usuarios de Internet. La pasada legislatura ya vivimos el episodio del canon digital, un impuesto que se le añade al precio cualquier dispositivo que reproduzca música y pueda almacenar datos, que pagan los ciudadanos, empresas y administración pública, y que recaudan varias entidades como la SGAE. Por lo tanto, a usted, descargue o no ilegalmente por Internet, se le supone que sí lo hace, y tiene que pagar esa tasa.
El presidente Rodríguez Zapatero está cayendo en el error de legislar contra del sentido común y de utilizar un pilar de la democracia como es la Justicia a favor de unos pocos. Con esto, no estoy defendiendo las descargas ilegales, pero no parece lógico que el cierre de una web sea más rápido que otras medidas preventivas necesarias en delitos de una mayor gravedad.

Correo electrónico a Zapatero diciéndole mi opinión sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible

He recuperado la sección que desde hace un año y medio tenía abandonado en el blog. Es sobre los correos electrónicos que se le pueden enviar al Presidente del Gobierno de España a través de este link.

A continuación reproduzco el correo electrónico:

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Estimado Jose Luis Rodriguez Zapatero,

Ya que nos había anunciado con tanto ímpetu la ley de Economía Sostenible, me he leído en la web que han habilitado el contenido del anteproyecto de ley. A continuación le expongo las cosas que veo buenas y malas, por si sirve de algo:

COSAS BUENAS

  • Me gusta la protección de los consumidores ante los créditos, sobre todo, la regulación sobre las entidades que dan créditos y luego cobran intereses desorbitados.
  • Por fin se podrán crear sociedades mercantiles de una forma rápida, en solo 5 días. Ahora falta que el registro mercantil central, los notarios, los registros mercantiles provinciales y la AEAT dispongan del suficiente personal para poder esa labor en estos días y dispongan de los medios telemáticos que dice la ley.
  • Se bajan los impuestos en creación de empresas.
  • Ampliación del “silencio positivo” en las administraciones públicas.
  • Mayor agilidad a la hora de otorgar los Ayuntamientos las licencias de apertura.
  • Sobre la morosidad en el ámbito público y privado: la intención es buena, pero ponerlo en marcha va a ser una misión difícil de ejecutar. La disminución del gasto en general y el aumento de financiación de las administraciones irán paralelas al cumplimiento de estos artículos.
  • Implantación de 1Mbit en toda la red pública de comunicaciones de Internet. Se dice en la red pública, no en la privada, como es el caso de la infraestructura desplegada por los operadores móviles que son de su propiedad, y todavía quedan partes del país sin la suficiente cobertura móvil.
  • Reducción del 18% de las tasas de la Oficina Española y Patentes y Marcas.
  • De nuevo se recuperan los incentivos fiscales que se eliminaron en la última Ley del Impuesto de Sociedades que hizo el gobierno del Partido Popular.
  • Se mejora la Formación Profesional. Será necesario que el Gobierno amplíe sus consignas presupuestarias en esta materia para las Comunidades Autónomas (CCAA), porque no se puede continuar con la política actual de legislar para que hagan las CCAA sin poner más financiación para ejecutar esos programas.
  • Aumento de la dependencia en las energías renovables.
  • Eliminación de burocracia en la instalación de nuevas infraestructuras en energías renovables.
  • Incremento de las deducciones fiscales por inversiones medioambientales.
  • Las empresas podrán pagar hasta 1.500 euros a sus empleados en concepto de renta por desplazamiento desde el lugar de residencia al centro de trabajo y no tendrá consideración de renta en especie.
  • Se mejora la fiscalidad en el caso de la vivienda en alquiler.

COSAS MALAS

  • En el artículo 4.1 aparece la palabra “eficacia” refiriéndose a la Administración Pública. Debería cambiarse por “eficiencia”. No es necesario que escriba por qué una mejor que otra, espero. Debo decir que el término sí aparece en otras partes del texto pero en esa me parece indispensable.
  • Sobre lo que dice el artículo 5.2, no hubiese estado mal que se hubiese empezado aplicando este artículo con esta ley y poniendo una web a la disposición de los ciudadanos para preguntar la opinión sobre el anteproyecto.
  • Sobre los organismos reguladores pienso lo siguiente: los miembros de los organismos reguladores deberían nombrarse por al menos 2/3 de los votos del Pleno del Congreso de los Diputados, y no por Real Decreto a propuesta del Ministro competente. Con el actual anteproyecto se nombran durante 6 años y tienen consideración de altos cargos de la administración general del Estado, por lo tanto, su cese debería ir relacionado con el final de la legislatura, y al comenzar otra, nombrar a nuevos consejeros. Le medida de la aprobación en el Congreso de los Diputados ayudaría a que efectivamente, con el espíritu que recoge la ley, sean profesionales de reconocido prestigio.
  • La ley no recoge ningún tipo de medida o sanción a las administraciones que no cumplan el acuerdo de morosidad, sí que recoge en el caso de que lo envíen las liquidaciones presupuestarias al Ministerio de Economía de Hacienda.
  • Es un brindis al sol decir que dentro de 40 años las centrales nucleares ya no funcionaran. Nadie sabe lo que pasará en 40 años y como será el modelo energético, por lo que regular esto me parece absurdo. Indicar la vida útil de una central nuclear no creo que deba ser conveniente que esté regulado en esta ley.
  • El artículo 133 del anteproyecto modifica la deducción fiscal por vivienda habitual. Aquí quiero señalar lo siguiente:
  • —-    La modificación de esta deducción fiscal no es buena porque no favorece la compra de vivienda.
  • —-    Las Comunidades Autónomas como la Valenciana han aumentado las deducciones fiscales a la compra de la vivienda, en caso de jóvenes, familias numerosas y dependientes.
  • —-    Se acota la deducción fiscal para rentas con una base imponible general de no más de 24.107 euros. Esto quiere decir que una familia cuyos dos cónyuges estén laboralmente en activo y tengan un sueldo “mileurista” (unos 17.000 euros brutos anuales de rendimiento del trabajo), no serán beneficiarios de la deducción fiscal ya que su base imponible general será superior a esa cantidad.
  • —-    La eliminación de esta deducción fiscal supondrá que toda familia que compra una vivienda nueva a partir de enero del 2011 con una renta superior a 24.107 euros pague 1.352 euros más por el impuesto del IRPF ya que no podrá tener la deducción fiscal por vivienda habitual.
  • —-    La ley también baja el coeficiente de deducción del 15% sobre 9.015,18 euros, a 7,5% sobre 9.040 euros para rentas inferiores a 17.707,2 euros y cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales: 9.040 euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 euros anuales.
  • —-    Esto quiere decir que: una familia con una renta inferior a 17.707,2 euros podrá tener una deducción de 678 euros y una familia con 22.000 euros de renta, tendrá una deducción de 223 euros, a diferencia de la actual legislación que tendrían una deducción de 1352 euros.
  • —-    La eliminación de esta deducción fiscal es una absoluta aberración. Parece que con la regulación que se ha hecho el Gobierno no quiere que nadie se beneficie de esta deducción fiscal.
  • —-    Para el cálculo de la deducción fiscal a la vivienda habitual se debería tener en cuenta la “Base Liquidable General” en vez de la “base imponible”. La base liquidable general tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares, el número de hijos, las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados y las aportaciones a sistemas de previsión social.
  • Sobre la creación de la “Comisión de Propiedad Intelectual”. Se podría cuestionar la inconstitucionalidad de este elemento por una injerencia en el poder judicial, suponiendo acotar la libertad de los ciudadanos en Internet, cuyo medio de transmisión es el mejor de los ejemplos de la democracia.

Pienso que una Administración no es capaz por sí sola de cambiar el sistema económico. En un estado democrático como en el que estamos, la Administración, puede fomentar la inversión privada de un sector productivo a través de subvenciones públicas u otras medidas como incentivos fiscales que favorezcan esos sectores.  Por lo tanto, una administración no puede cambiar el rumbo económico de un país si no es con el apoyo de los emprendedores y empresarios, que son el verdadero motor económico y no la Administración. Desconozco si este anteproyecto se ha enviado a la patronal para conocer su opinión al mismo, espero que si, por que si no lo han hecho sería muy grave. En resumen, una ley hecha por un Gobierno no va a cambiar la economía de un país.

La ley utiliza mucho en sus verbos en futuro y no en presente. “Se hará

Mi opinión sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible

He aprovechado este puente festivo que me he podido tomar para hacer cosas que normalmente no puedo hacer. Entre otras, he leído las 198 páginas del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que el pasado 27 de noviembre aprobó el Consejo de Ministros. Esta es la ley que se supone que debe “cambiar el sistema productivo de nuestro país” así como “nuestro modelo económico”. Lo que va entrecomillado son frases dichas durante los últimos meses por altos cargos socialistas, empezando por el Presidente del Gobierno.

Ante esto, lo primero que debo de decir es, que una Administración no es capaz por sí sola de cambiar el sistema económico. En un estado democrático como en el que estamos, la Administración, puede fomentar la inversión privada de un sector productivo a través de subvenciones públicas u otras medidas como incentivos fiscales que favorezcan esos sectores.

Por lo tanto, una administración no puede cambiar el rumbo económico de un país si no es con el apoyo de los emprendedores y empresarios, que son el verdadero motor económico y no la Administración. Desconozco si este anteproyecto se ha enviado a la patronal para conocer su opinión al mismo, espero que si, por que si no lo han hecho sería muy grave. En resumen, una ley hecha por un Gobierno no va a cambiar la economía de un país.

La ley utiliza mucho en sus verbos en futuro y no en presente. “Se hará, se favorecerá, se ….”. Los ciudadanos no necesitan medidas del futuro, si no medidas que resuelvan los problemas que tienen en el presente.
Una vez hecha esta reflexión paso a decir las cosas buenas y malas que veo en el anteproyecto:

COSAS BUENAS

  • Me gusta la protección de los consumidores ante los créditos, sobre todo, la regulación sobre las entidades que dan créditos y luego cobran intereses desorbitados.
  • Por fin se podrán crear sociedades mercantiles de una forma rápida, en solo 5 días. Ahora falta que el registro mercantil central, los notarios, los registros mercantiles provinciales y la AEAT dispongan del suficiente personal para poder esa labor en estos días y dispongan de los medios telemáticos que dice la ley.
  • Se bajan los impuestos en creación de empresas.
  • Ampliación del “silencio positivo” en las administraciones públicas.
  • Mayor agilidad a la hora de otorgar los Ayuntamientos las licencias de apertura.
  • Sobre la morosidad en el ámbito público y privado: la intención es buena, pero ponerlo en marcha va a ser una misión difícil de ejecutar. La disminución del gasto en general y el aumento de financiación de las administraciones irán paralelas al cumplimiento de estos artículos.
  • Implantación de 1Mbit en toda la red pública de comunicaciones de Internet. Se dice en la red pública, no en la privada, como es el caso de la infraestructura desplegada por los operadores móviles que son de su propiedad, y todavía quedan partes del país sin la suficiente cobertura móvil.
  • Reducción del 18% de las tasas de la Oficina Española y Patentes y Marcas.
  • De nuevo se recuperan los incentivos fiscales que se eliminaron en la última Ley del Impuesto de Sociedades que hizo el gobierno del Partido Popular.
  • Se mejora la Formación Profesional. Será necesario que el Gobierno amplíe sus consignas presupuestarias en esta materia para las Comunidades Autónomas (CCAA), porque no se puede continuar con la política actual de legislar para que hagan las CCAA sin poner más financiación para ejecutar esos programas.
  • Aumento de la dependencia en las energías renovables.
  • Eliminación de burocracia en la instalación de nuevas infraestructuras en energías renovables.
  • Incremento de las deducciones fiscales por inversiones medioambientales.
  • Las empresas podrán pagar hasta 1.500 euros a sus empleados en concepto de renta por desplazamiento desde el lugar de residencia al centro de trabajo y no tendrá consideración de renta en especie.
  • Se mejora la fiscalidad en el caso de la vivienda en alquiler.

COSAS MALAS

  • En el artículo 4.1 aparece la palabra “eficacia” refiriéndose a la Administración Pública. Debería cambiarse por “eficiencia”. No es necesario que escriba por qué una mejor que otra, espero. Debo decir que el término sí aparece en otras partes del texto pero en esa me parece indispensable.
  • Sobre lo que dice el artículo 5.2, no hubiese estado mal que se hubiese empezado aplicando este artículo con esta ley y poniendo una web a la disposición de los ciudadanos para preguntar la opinión sobre el anteproyecto.
  • Sobre los organismos reguladores pienso lo siguiente: los miembros de los organismos reguladores deberían nombrarse por al menos 2/3 de los votos del Pleno del Congreso de los Diputados, y no por Real Decreto a propuesta del Ministro competente. Con el actual anteproyecto se nombran durante 6 años y tienen consideración de altos cargos de la administración general del Estado, por lo tanto, su cese debería ir relacionado con el final de la legislatura, y al comenzar otra, nombrar a nuevos consejeros. Le medida de la aprobación en el Congreso de los Diputados ayudaría a que efectivamente, con el espíritu que recoge la ley, sean profesionales de reconocido prestigio.
  • La ley no recoge ningún tipo de medida o sanción a las administraciones que no cumplan el acuerdo de morosidad, sí que recoge en el caso de que lo envíen las liquidaciones presupuestarias al Ministerio de Economía de Hacienda.
  • Es un brindis al sol decir que dentro de 40 años las centrales nucleares ya no funcionaran. Nadie sabe lo que pasará en 40 años y como será el modelo energético, por lo que regular esto me parece absurdo. Indicar la vida útil de una central nuclear no creo que deba ser conveniente que esté regulado en esta ley.
  • El artículo 133 del anteproyecto modifica la deducción fiscal por vivienda habitual. Aquí quiero señalar lo siguiente:
  • —-    La modificación de esta deducción fiscal no es buena porque no favorece la compra de vivienda.
  • —-    Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han aumentado las deducciones fiscales a la compra de la vivienda, especialmente, la Comunitat Valenciana, en caso de jóvenes, familias numerosas y dependientes.
  • —-    Se acota la deducción fiscal para rentas con una base imponible general de no más de 24.107 euros. Esto quiere decir que una familia cuyos dos cónyuges estén laboralmente en activo y tengan un sueldo “mileurista” (unos 17.000 euros brutos anuales de rendimiento del trabajo), no serán beneficiarios de la deducción fiscal ya que su base imponible general será superior a esa cantidad.
  • —-    La eliminación de esta deducción fiscal supondrá que toda familia que compra una vivienda nueva a partir de enero del 2011 con una renta superior a 24.107 euros pague 1.352 euros más por el impuesto del IRPF ya que no podrá tener la deducción fiscal por vivienda habitual.
  • —-    La ley también baja el coeficiente de deducción del 15% sobre 9.015,18 euros, a 7,5% sobre 9.040 euros para rentas inferiores a 17.707,2 euros y cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales: 9.040 euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 euros anuales.
  • —-    Esto quiere decir que: una familia con una renta inferior a 17.707,2 euros podrá tener una deducción de 678 euros y una familia con 22.000 euros de renta, tendrá una deducción de 223 euros, a diferencia de la actual legislación que tendrían una deducción de 1352 euros.
  • —-    La eliminación de esta deducción fiscal es una absoluta aberración. Parece que con la regulación que se ha hecho el Gobierno no quiere que nadie se beneficie de esta deducción fiscal.
  • —-    Para el cálculo de la deducción fiscal a la vivienda habitual se debería tener en cuenta la “Base Liquidable General” en vez de la “base imponible”. La base liquidable general tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares, el número de hijos, las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados y las aportaciones a sistemas de previsión social.
  • Sobre la creación de la “Comisión de Propiedad Intelectual”. Se podría cuestionar la inconstitucionalidad de este elemento por una injerencia en el poder judicial, suponiendo acotar la libertad de los ciudadanos en Internet, cuyo medio de transmisión es el mejor de los ejemplos de la democracia.

RESUMEN

Esta ley creo que dice algunas cosas buenas, y algunas malas, también dice muchas cosas que ya se hacen y otras que por sentido común se deben hacer.

En definitiva, esta ley no va a cambiar el modelo productivo de nuestro país. Las personas que tienen dinero para invertir, lo harán donde crean que mayor rentabilidad económica puedan tener o donde les de la gana, como se ha hecho desde siempre en un sistema democrático y capitalista.