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El PP defiende que el valenciano deje de ser un obstáculo para trabajar en la Administración en los municipios castellano parlantes

  • El PP presentará mociones en todos los Ayuntamientos de la Vega Baja.
  • Aboga también porque los niños de esos municipios no deban estudiar en valenciano
  • Los populares obligan a ‘mojarse’ a todos los partidos políticos con una moción que arrancará en los ayuntamientos de la Vega Baja
  • El documento insta a llevar la decisión de los Consistorios a la Mesa de las Cortes Valencianas y se ampara en los derechos recogidos en la Constitución española
  • Adrián Ballester afirma que la iniciativa “simplemente recoge el clamor de la calle que Puig, Oltra, Podemos y Marzà no quieren escuchar”

11/07/16. El Partido Popular se opone a que el valenciano sea un requisito para ser funcionario. Los Populares consideran que es “un sin sentido” que en municipios donde no se habla el valenciano se imponga el conocimiento del mismo y sea una exigencia para trabajar en un Ayuntamiento de comarcas como la Vega Baja, mayoritariamente castellanoparlantes. Además, aboga también porque los niños de esas comarcas no tengan la obligación de estudiar en valenciano.

Así, lo ha anunciado hoy el coordinador del PP en la Comarca de la Vega Baja Adrián Ballester, quien ha explicado que esta iniciativa “no es de parte ni partidista, sino el producto de escuchar la voz de la calle. Simplemente, recoge el clamor de la calle que Puig, Oltra, Podemos y Marzà no quieren escuchar”.

Ballester ha anunciado que el PP va a presentar mociones en los ayuntamientos de la Vega Baja para defender la exención del valenciano y que no sea un requisito para poder opositar.

Ballester ha destacado que la moción “se fundamenta en dos ideas: libertad y respeto. Libertad de elección para las personas y respeto a la tradición, a las costumbres y a los usos lingüísticos de cada zona” y ha añadido que “nos amparamos en una ley de rango superior a todas las demás, que es la Constitución española, que consagra el derecho a hablar en castellano en todo el territorio del Estado español”.

Ballester ha subrayado que “vamos a trasladar a la Mesa de las Cortes Valencianas la decisión de los ayuntamientos”. El responsable popular ha lamentado “la falta de consenso, de diálogo y de altura de miras” del Consell de la Generalitat y ha puntualizado que “esta moción no pretende atacar el valenciano, sino defender un principio básico de la convivencia que es el derecho a decidir, al que tanto Puig, como Oltra, Marzà y Podemos dan la espalda de un modo permanente, porque confunden gobernar con mandar. Y no es lo mismo. Gobernar es hacer lo que reclama la mayoría. Mandar es tomar decisiones a pesar de lo que opina la mayoría”.

Ballester ha explicado que “los alicantinos no entenderían que los políticos cercenásemos el acceso a función pública por no saber valenciano. Y las familias no entienden que sus hijas e hijos pierdan puntos que luego son esenciales para elegir carrera universitaria por saber o no valenciano. Estos son mantras con los que hay que acabar si queremos igualdad de derechos para todos y en todas las partes de la Comunitat Valenciana”.

“Como estamos ante un Consell que habla mucho pero escucha muy poco, llevamos estas iniciativas como mociones a los ayuntamientos. Estamos dispuestos a dialogar, pero desde una premisa básica, que es escuchar a la calle y gobernar a favor de las personas y no contra ellas, como parece hacer el Consell”.

Ballester ha concluido que “la Comunitat Valenciana no es Cataluña. Ni queremos que lo sea. La Vega Baja y la Provincia de Alicante se merecen un respeto que no vemos por parte del tripartito. Y, por ello, lo vamos a exigir”.

Mas transparencia, menos corrupción

Artículo publicado en el diario ABC en su edición de Alicante el 28/05/2012:

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba hace una semana el anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, después de hacer un proceso de participación ciudadana donde a través de un espacio web, ochenta mil ciudadanos han enriquecido el texto aportando tres mil setecientas observaciones a la legislación propuesta.

Ésta era una legislación absolutamente urgente y necesaria en nuestro país. De este modo, vamos a hacer un importante avance en tener gobiernos transparentes como ya existe en las instituciones europeas y algunos países de la Unión.

En cuanto la ley sea aprobada en el Congreso, los ciudadanos tendrán un portal web único con la información de todas las administraciones españolas. En ella, aparecerá información institucional de los responsables públicos de cada organización, el organigrama, las retribuciones económicas, currículo y datos de contacto. Así mismo, tendrán que aparecer todos los contratos públicos, tanto aquellos que se han licitado o los que son contratos menores (menos de dieciocho mil euros), con el adjudicatario, el importe del contrato, y el objeto del mismo.

Aquellos convenios con entidades que tengan una aportación económica, también serán públicos, con el objetivo de, si no se cumple con la concurrencia debida al resto de entidades con el mismo fin, y son subvenciones encubiertas para no cumplir con la Ley General de Subvenciones. Precisamente, las subvenciones con los beneficiarios, la cantidad subvencionada y el objeto de la subvención también será pública.

Parte de esta información ha sido pública en los últimos años a través de la publicación en los diferentes boletines oficiales, tanto de las provincias, comunidades autónomas y el Estado. Pero precisamente, ahora, estarán todos los datos de cualquier administración en un único portal web estatal. De esta forma los datos públicos se facilitarán en formatos que puedan ser claramente utilizables para su interpretación.

Quien no cumpla la ley, tendrá consecuencias leves, graves y muy graves, que llevan acarreada desde la destitución hasta la inhabilitación para cargo público. Por otra, en esta legislación se añade como infracciones todas las del ámbito económico, como las famosas facturas en los cajones, mal en los últimos años de la administración en general.

Si hay una absoluta transparencia en la gestión pública de cada céntimo de euro de un cargo público y de un alto funcionario, los ciudadanos y periodistas, pueden convertirse en un fiscalizador más, como es el caso de los interventores en las administraciones. De esta forma, la tentación a tener prácticas corruptas en el entorno público resulta mas difícil, al estar la gestión de cualquier persona que se dedique a la cosa pública a la exposición ciudadana.

Precisamente, la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, en su discurso de investidura apostaba por administraciones transparentes. Por ello, pronto la Diputación tendrá un nuevo portal web donde se ofrecerá la información pública de la gestión diaria, tal como establece la futura ley.