Blog de Adrián Ballester

Desde hace unos años, una de las palabras que mas hemos oído ha sido la de crisis. A la palabra de moda crisis, y como consecuencia de ésta, se han unido otras en el ámbito de la gestión pública como recortes, racionalizar, eficacia, eficiencia, ahorrar, prima de riesgo, … ¿Les suena, verdad?

Son palabras que se escuchan y que van a seguir escuchándose. Pero ante esto, la acción política debe ser fundamental. No podemos quedarnos inmóviles ante las cuestiones que están pasando, y debemos liderar la solución de nuestros problemas para no hipotecar el futuro de nuestra sociedad.

Para ello propongo cinco acciones para actuar desde la política en la crisis:

 1. Control del déficit público

El primer objetivo de la acción política en la crisis económica debe ser el control del déficit público. La administración pública no puede gastarse mas de lo que ingresa. Como en una familia, no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades como lo hemos hecho durante algunos años. Y no solo eso; hay que tener mas ingresos de los que gastamos; por que durante una época, hemos gastado mas de lo que estábamos ingresando, y eso ahora hay que pagarlo. Hay que ahorrar para pagar no solo la deuda, si no esa parte de los intereses financieros que nos cuesta mas que antes. Y nos cuesta mas, porque los mercados ya no se fían de nosotros, de nuestra deuda; porque no hemos hecho los deberes durante varios años. Esto ha producido el crecimiento de la prima de riesgo, que en el año 2004 era de 0, y en el 2011 ha llegado a alcanzar los 490 puntos, y gracias a las medidas de correción del gasto público tomadas en las últimas semanas, actualmente son de 351 puntos.

Se habla también mucho de la palabrar “ahorrar”, y esto es un error. Podrán ver muchos titulares en los periódicos diciendo la palabra ahorrar unos cuantos millones de euros casia  diario. Ahorrar, según indica la RAE es “guardar dinero como previsión para necesidades futuras”. Por lo tanto, no se guarda dinero que se tiene, si no que, no se gasta lo que no se tiene. ¿Conócen alguna administración pública que en otros tiempos mejores hiciesen precisamente eso?

Los ingresos han disminuído mucho por la caída de la recaudación de impuestos. Consumimos menos, por lo tanto recaudamos menos IVA. Las familias también tienen menos ingresos, por lo tanto recaudamos menos IRPF. Las empresas facturan menos, por lo tanto pagan menos Impuesto de Sociedades. Compramos menos viviendas y fincas, por lo tanto ingresamos menos Impuesto de Transmisiones Patrimoniales; y así con el resto de impuestos. Esta importante bajada de ingresos de impuestos ha puesto en jaque nuestro sistema de bienestar social; por ello se han tenido que aumentar determinados impuestos para poder continuar teniendo estos recursos indispensables.

El dinero que el sector público utiliza para financiar y refinanciar su deuda, es dinero que se quita del mercado financiero para que puedan endeudarse nuestras empresas, pymes y autónomos. Ellos son los verdaderos creadores de los puestos de trabajo que se necesitan. Y necesitan del acceso a esa financiación. Porque los políticos, no creamos directamente puestos de trabajo, a no ser que aumentemos las plazas de empleados públicos, cosa que en la mayoría de los casos no pasará. Los políticos, lo que si podemos hacer, es crear las condiciones necesarias para que se creen. Se pueden abaratar los costes para que se contraten a personas, sobre todo a jóvenes. Se puede ayudar a quienes quieren crear un negocio que se estudie que sea rentable.

La reforma del código penal para aquel político que gaste mas de lo que ingrese tenga consecuencias penales es una buena noticia.

2. Reforma de la administración pública

El segundo objetivo de la acción política que a mi parecer tiene que ser una reforma de la administración pública. España ha experimentado muchos cambios en la administración desde la entrada en la Unión Europea. La Unión Europea que tiene como objetivo fundacional el fomento de la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros, es precisamente lo que no ha ocurrido en nuestro país.

Esos principios fundacionales de la Unión Europea no han sido precisamente el ejemplo que se ha seguido en España en los últimos años. No ha habido una verdadera cohesión económica, social y territorial porque se ha pretendido enfrentar a las regiones para que no sean solidarias. Los recursos que son escasos en un sitio deben ser compartidos por los que mas que tienen con los que menos tienen. Los que mas recaudan, deben ser solidarios con los que menos recaudan. Los que por sus condicones físicas y geográficas disponen de mayores recursos hídricos, deben ser solidarios con los que menos recursos hídricos tenemos.

Paralelamente a la entrada de España en la Unión Europea en el año 1986, España ha realizado cambios realizando una descentralización de competencias en Comunidades Autónomas. Algunas de ellas, tenían un carácter marcado histórico, otras de ellas, menos. No obstante, esta descentralización de la administración general del Estado en las Comunidades Autónomas, no ha ido paralelo de la reducción de los procedimientos administrativos de las relaciones de la sociedad con la administración; todo lo contrario.

Actualmente, una persona, dependiendo de donde viva, se puede enfrentar de forma diferente a la forma de solicitar un procedimiento administrativo. Y no solo eso, que puede pagar tributos diferentes y puede ser beneficiario de politicas sobre educación o sanidad diferentes al de otro lugar.

En cambio, en estos momentos se plantea desde la Unión Europea realizar una convergencia fiscal real aplicando los mismos tipos impositivos en diferentes impuestos. Si se apuesta en la Unión Europea por ese principio, también en nuestro territorio nacional deberíamos apostar por ello en primer lugar.

Esto debe formar parte de un análisis minucioso de la administración. Simplificar al máximo los procesos administrativos, eliminar los no necesarios y agilizar los trámites que mayor beneficio tienen sobre nuestra maltrecha economía. Eliminar las duplicidades administrativas. En definitiva, racionalidad.

También se ha cuestionado en los últimos meses la vigencia del modelo de las Diputaciones en España. Este debate, que parte también de la demagogia, parte a veces del desconocimiento de esta administración; una administración que es principalmente auxiliar a los ayuntamientos de ciudades medianas y pueblos de nuestra provincia. Es una administración que principalmente los beneficiarios son los ayuntamientos, y los ciudadanos a través de estos. Los ayuntamientos reciben una atención personalizada de la Diputación a sus problemas, se encarga de realizar acciones comunes para abaratar el coste administrativo de los Ayuntamientos. El mejor ejemplo de ello es nuestro organismo autónomo SUMA Gestión Tributaria, que es un modelo de buena gestión a nivel nacional e internacional.

Les voy a dar un dato para que puedan comparar. El Presupuesto de la Diputación de Alicante para este año 2012 asciende a 178 millones de euros. El Presupuesto de la Generalitat Valenciana para el año 2012 es de 13.754 millones de euros. El presupuesto de la Diputación de Alicante es el 1,29% del Presupuesto de la Generalitat.

3. Transparencia y responsabilidad en la gestión pública

El tercer objetivo que planteo es la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. El dinero público de todos debe ser tratado con la máxima responsabilidad por sus gestores, y una manera de poder ser fiscalizados a parte de los interventores y secretarios, los políticos deben ser fiscalizados por los ciudadanos.

La gestión pública debe ser eso, pública. Ofrecer datos e información lo mas concurrido de procesos de contratación, de licitación, de la propia gestión diaria, de saber si el político está gastando más de lo que tiene, en qué se lo gasta y por qué. Son principios de transparencia que ayudarían a que se pudiera palpar por cualquier persona si la gestión que se está realizando es acorde a la que debe realizar. Debemos dar datos los reales, hay que mostrar la verdad y huir de lo políticamente correcto.

4. La política centrada en la persona

El cuarto objetivo que planteo es la política centrada en la persona. Para orientar la salida de la situación en que vivimos y las medidas necesarias para ello, es preciso pensar antes hacia donde queremos ir y cómo queremos que quede configurada nuestra sociedad en términos políticos, económicos y sociales porque la crisis en su conjunto, sólo se superará con un cambio profundo de actitudes y comportamientos de carácter personal, familiar e institucional.

Una vez más, se confirma que “la persona”, debe ser no sólo el centro de nuestra acción política, sino también la esperanza para afrontar, salir o despejar la actual crisis que padecemos. Porque son personas quienes gobiernan las naciones, son personas quienes hacen sociedad, son personas quienes dirigen las empresas, son personas quienes componen las familias y son, desde luego, las personas quienes con sus comportamientos determinan las vicisitudes de la economía.

5. Sentido común

El quinto objetivo que propongo es el sentido común que tanta falta nos hace. Durante unos años hemos hecho cosas que si aparentemente eran normales, no lo eran, y que si no lo eran, hemos intentado justificar de que sí. El relativismo intenta precisamente eso, justificar lo injustificable. El sentido común debe empapar a todas las áreas de la gestión pública y comprobar las acciones públicas que se realizan, si son necesarias o no, y si son necesarias, pueden costar menos.

CONCLUSIÓN

Bajo estos cinco objetivos, control del déficit público, la reforma de la administración pública, la transparencia y responsabilidad en la gestión pública, la política centrada en la persona y el sentido común, son los cinco pilares que considero necesarios de la acción política en la crisis económica.

Y estos principios podemos llamarles de forma diferente, o decirlo de forma diferente, pero son cuestiones que hay que realizar. Nos lo demandan los mercados, lo demandan las personas, lo demanda el sentido común.