Mi opinión sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible

He aprovechado este puente festivo que me he podido tomar para hacer cosas que normalmente no puedo hacer. Entre otras, he leído las 198 páginas del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que el pasado 27 de noviembre aprobó el Consejo de Ministros. Esta es la ley que se supone que debe “cambiar el sistema productivo de nuestro país” así como “nuestro modelo económico”. Lo que va entrecomillado son frases dichas durante los últimos meses por altos cargos socialistas, empezando por el Presidente del Gobierno.

Ante esto, lo primero que debo de decir es, que una Administración no es capaz por sí sola de cambiar el sistema económico. En un estado democrático como en el que estamos, la Administración, puede fomentar la inversión privada de un sector productivo a través de subvenciones públicas u otras medidas como incentivos fiscales que favorezcan esos sectores.

Por lo tanto, una administración no puede cambiar el rumbo económico de un país si no es con el apoyo de los emprendedores y empresarios, que son el verdadero motor económico y no la Administración. Desconozco si este anteproyecto se ha enviado a la patronal para conocer su opinión al mismo, espero que si, por que si no lo han hecho sería muy grave. En resumen, una ley hecha por un Gobierno no va a cambiar la economía de un país.

La ley utiliza mucho en sus verbos en futuro y no en presente. “Se hará, se favorecerá, se ….”. Los ciudadanos no necesitan medidas del futuro, si no medidas que resuelvan los problemas que tienen en el presente.
Una vez hecha esta reflexión paso a decir las cosas buenas y malas que veo en el anteproyecto:

COSAS BUENAS

  • Me gusta la protección de los consumidores ante los créditos, sobre todo, la regulación sobre las entidades que dan créditos y luego cobran intereses desorbitados.
  • Por fin se podrán crear sociedades mercantiles de una forma rápida, en solo 5 días. Ahora falta que el registro mercantil central, los notarios, los registros mercantiles provinciales y la AEAT dispongan del suficiente personal para poder esa labor en estos días y dispongan de los medios telemáticos que dice la ley.
  • Se bajan los impuestos en creación de empresas.
  • Ampliación del “silencio positivo” en las administraciones públicas.
  • Mayor agilidad a la hora de otorgar los Ayuntamientos las licencias de apertura.
  • Sobre la morosidad en el ámbito público y privado: la intención es buena, pero ponerlo en marcha va a ser una misión difícil de ejecutar. La disminución del gasto en general y el aumento de financiación de las administraciones irán paralelas al cumplimiento de estos artículos.
  • Implantación de 1Mbit en toda la red pública de comunicaciones de Internet. Se dice en la red pública, no en la privada, como es el caso de la infraestructura desplegada por los operadores móviles que son de su propiedad, y todavía quedan partes del país sin la suficiente cobertura móvil.
  • Reducción del 18% de las tasas de la Oficina Española y Patentes y Marcas.
  • De nuevo se recuperan los incentivos fiscales que se eliminaron en la última Ley del Impuesto de Sociedades que hizo el gobierno del Partido Popular.
  • Se mejora la Formación Profesional. Será necesario que el Gobierno amplíe sus consignas presupuestarias en esta materia para las Comunidades Autónomas (CCAA), porque no se puede continuar con la política actual de legislar para que hagan las CCAA sin poner más financiación para ejecutar esos programas.
  • Aumento de la dependencia en las energías renovables.
  • Eliminación de burocracia en la instalación de nuevas infraestructuras en energías renovables.
  • Incremento de las deducciones fiscales por inversiones medioambientales.
  • Las empresas podrán pagar hasta 1.500 euros a sus empleados en concepto de renta por desplazamiento desde el lugar de residencia al centro de trabajo y no tendrá consideración de renta en especie.
  • Se mejora la fiscalidad en el caso de la vivienda en alquiler.

COSAS MALAS

  • En el artículo 4.1 aparece la palabra “eficacia” refiriéndose a la Administración Pública. Debería cambiarse por “eficiencia”. No es necesario que escriba por qué una mejor que otra, espero. Debo decir que el término sí aparece en otras partes del texto pero en esa me parece indispensable.
  • Sobre lo que dice el artículo 5.2, no hubiese estado mal que se hubiese empezado aplicando este artículo con esta ley y poniendo una web a la disposición de los ciudadanos para preguntar la opinión sobre el anteproyecto.
  • Sobre los organismos reguladores pienso lo siguiente: los miembros de los organismos reguladores deberían nombrarse por al menos 2/3 de los votos del Pleno del Congreso de los Diputados, y no por Real Decreto a propuesta del Ministro competente. Con el actual anteproyecto se nombran durante 6 años y tienen consideración de altos cargos de la administración general del Estado, por lo tanto, su cese debería ir relacionado con el final de la legislatura, y al comenzar otra, nombrar a nuevos consejeros. Le medida de la aprobación en el Congreso de los Diputados ayudaría a que efectivamente, con el espíritu que recoge la ley, sean profesionales de reconocido prestigio.
  • La ley no recoge ningún tipo de medida o sanción a las administraciones que no cumplan el acuerdo de morosidad, sí que recoge en el caso de que lo envíen las liquidaciones presupuestarias al Ministerio de Economía de Hacienda.
  • Es un brindis al sol decir que dentro de 40 años las centrales nucleares ya no funcionaran. Nadie sabe lo que pasará en 40 años y como será el modelo energético, por lo que regular esto me parece absurdo. Indicar la vida útil de una central nuclear no creo que deba ser conveniente que esté regulado en esta ley.
  • El artículo 133 del anteproyecto modifica la deducción fiscal por vivienda habitual. Aquí quiero señalar lo siguiente:
  • —-    La modificación de esta deducción fiscal no es buena porque no favorece la compra de vivienda.
  • —-    Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han aumentado las deducciones fiscales a la compra de la vivienda, especialmente, la Comunitat Valenciana, en caso de jóvenes, familias numerosas y dependientes.
  • —-    Se acota la deducción fiscal para rentas con una base imponible general de no más de 24.107 euros. Esto quiere decir que una familia cuyos dos cónyuges estén laboralmente en activo y tengan un sueldo “mileurista” (unos 17.000 euros brutos anuales de rendimiento del trabajo), no serán beneficiarios de la deducción fiscal ya que su base imponible general será superior a esa cantidad.
  • —-    La eliminación de esta deducción fiscal supondrá que toda familia que compra una vivienda nueva a partir de enero del 2011 con una renta superior a 24.107 euros pague 1.352 euros más por el impuesto del IRPF ya que no podrá tener la deducción fiscal por vivienda habitual.
  • —-    La ley también baja el coeficiente de deducción del 15% sobre 9.015,18 euros, a 7,5% sobre 9.040 euros para rentas inferiores a 17.707,2 euros y cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales: 9.040 euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 euros anuales.
  • —-    Esto quiere decir que: una familia con una renta inferior a 17.707,2 euros podrá tener una deducción de 678 euros y una familia con 22.000 euros de renta, tendrá una deducción de 223 euros, a diferencia de la actual legislación que tendrían una deducción de 1352 euros.
  • —-    La eliminación de esta deducción fiscal es una absoluta aberración. Parece que con la regulación que se ha hecho el Gobierno no quiere que nadie se beneficie de esta deducción fiscal.
  • —-    Para el cálculo de la deducción fiscal a la vivienda habitual se debería tener en cuenta la “Base Liquidable General” en vez de la “base imponible”. La base liquidable general tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares, el número de hijos, las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados y las aportaciones a sistemas de previsión social.
  • Sobre la creación de la “Comisión de Propiedad Intelectual”. Se podría cuestionar la inconstitucionalidad de este elemento por una injerencia en el poder judicial, suponiendo acotar la libertad de los ciudadanos en Internet, cuyo medio de transmisión es el mejor de los ejemplos de la democracia.

RESUMEN

Esta ley creo que dice algunas cosas buenas, y algunas malas, también dice muchas cosas que ya se hacen y otras que por sentido común se deben hacer.

En definitiva, esta ley no va a cambiar el modelo productivo de nuestro país. Las personas que tienen dinero para invertir, lo harán donde crean que mayor rentabilidad económica puedan tener o donde les de la gana, como se ha hecho desde siempre en un sistema democrático y capitalista.